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Columna
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Ricos de fiar

No me extraña que la propuesta de que se hagan públicos los bienes de los parlamentarios excitara al señor Duran i Lleida hasta el punto de llamar funcionarios y pobres a quienes accedieran a las bancadas sin poseer las aptitudes necesarias para representarnos. Solo personas así permitirían que se examinaran sus cuentas públicamente. Son poquita cosa. Gente que no ha tenido más remedio que meterse a funcionario: ya saben, el que cobra tan poco como maestro es porque no puede hacer nada más. Y el que no sale de pobre, algo habrá hecho. ¿Rigidez calvinista, prejuicios de clase, mucho morro?

En todo caso, el excelente político catalán -a veces, entre la excelencia y la soberbia no media más que un paso, o mejor dicho, un resbalón dialéctico- ha abierto un interesante debate. ¿Qué clase de persona queremos tener en el Parlamento, representándonos? Les voy a decir a la clase de gente que no quiero ahí.

No quiero, por ejemplo, a aquellos que, en los bancos, han decidido aprovecharse de discutibles leyes para quedarse con los pisos de quienes no pueden pagar su hipoteca, y que, encima, les siguen cobrando los plazos de la misma, con la excusa de que las viviendas ya no tienen el valor que los bancos adjudicaron, al tasarlas para conceder la hipoteca.

Tampoco quiero ahí al señor con quien me tropecé en el Liceo la otra noche: goza de libertad porque pagó un millón de euros de fianza, por él y su señora, tras haber sido imputado por el caso Pretoria. Fue conseller, es decir, ministro, más de una vez, en los anteriores Gobiernos de Convergència i Unió.

Sin embargo, no me importaría ver sentado en el hemiciclo al juez de Navarra que sentenció en contra de esa canallada. Y echo en falta a José Antonio Labordeta.

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