Trabajo investiga el desfile de Miró

Si lo que perseguía Antonio Miró al subir a varios senegaleses indocumentados a la Pasarela de Barcelona era llamar la atención, lo ha conseguido. No sólo atrajo la mirada del público elegante que suele adquirir sus diseños, sino también la de la Inspección de Trabajo. El ministerio ha abierto una investigación para aclarar si el empresario textil cometió delito de explotación de inmigrantes, el pasado jueves, al pagar a varios extranjeros en situación irregular para que hicieran de modelos de su colección de ropa.

Miró no eligió a sus modelos sólo por su porte. El que entre ellos hubiera personas sin papeles, auténticos supervivientes de una travesía por el Atlántico que el año pasado se tragó a cientos de personas, convirtió su montaje en algo real.

El desfile de Miró encendió una polémica que no se ha apagado: "Es verdad que quiero vender más ropa, pero también creo en la solidaridad", explicó el viernes a este periódico. Es precisamente en el negocio donde ha surgido el problema. Porque, además de un conocido diseñador, Miró es también un empresario que en 2004 facturó 1,7 millones de euros. Y lo que intenta averiguar la Inspección de Trabajo es si ese empresario vulneró la Ley de Extranjería, cuyo artículo 54.d considera infracción muy grave "la contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados". El artículo 55.c de la misma ley prevé para las infracciones muy graves "multa desde 6.001 hasta 60.000 euros".

Miró asegura que él no ha contratado a nadie y que los 150 euros que ha entregado a cada uno de sus ocho modelos senegaleses no son un salario, sino una "donación". Omar Yata, portavoz de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, la organización a la cual Miró le pidió que le proporcionara los modelos, asegura que esa ONG no ha recibido ni gestionado ninguna donación de Miró.

Si el propósito de Antonio Miró era solidarizarse con los inmigrantes, puede haber cometido un error. La policía busca ahora a sus modelos para comprobar su situación administrativa en España. Si es cierto, como el mismo diseñador ha admitido, que varios de ellos carecen de papeles, podrían ser acusados de vulnerar la Ley de Extranjería, cuyo artículo 52.b considera infracción grave "encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando (el extranjero) no cuente con autorización de residencia válida", y serán expulsados a su país.

El final provisional de esta historia es que, cuatro días después del polémico desfile, todos los protagonistas han desaparecido. Ni el diseñador ni sus modelos quieren hacer declaraciones. "Tenemos que dejar de hablar de este tema", se disculpa el modista a través de su jefa de prensa. "Los chicos ya no quieren salir en los medios", explica el portavoz de la organización no gubernamental que proporcionó a los maniquíes. "Estamos investigando", comunica la Inspección de Trabajo.