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La prohibición de las corridas de toros en Cataluña se votará el 9 de junio

La votación de esta proposición para la modificación de la ley de protección de animales podría demorarse si finalmente el PP lleva la prohibición al Consejo de Garantías Estatuarias

El debate final sobre la prohibición de los toros en Cataluña se ha incluido en el orden del día del pleno del Parlament del 9 de junio una vez que el dictamen de la ponencia para la abolición de las corridas pase mañana por la comisión de Medio Ambiente. No obstante, la votación de esta proposición para la modificación de la ley de protección de animales, una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por la plataforma animalista Prou!, podría demorarse si finalmente el PP, como anunciaron, lleva la prohibición al Consejo de Garantías Estatuarias, lo que retrasaría, al menos en un mes, todo el proceso hasta que este órgano ofreciese su dictamen.

Según han informado a Efe fuentes del PP, los populares siguen estudiando esta posibilidad porque consideran que la prohibición de las corridas es una cuestión identitaria más que de defensa de los animales, ya que plantea abolir los toros pero no los correbous (encierros) típicos de Tarragona. Así las cosas, la abolición estaría ahora en manos de los 48 diputados de CiU, grupo que ha anunciado que dará libertad de voto, y que ha presentado una enmienda -aceptada por Prou!- para que la prohibición se lleve a cabo tras una moratoria técnica de 18 meses, hasta el 1 de enero de 2012, para que la administración pueda aplicarla con todas las "garantías y lógica".

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En el lado contrario a la ILP se sitúan los diputados del PP (14) y Ciutadans (3), y también del grupo socialista (37) que ha buscado encontrar una vía alternativa a la prohibición en el debate de la ponencia. ERC (21) y ICV-EUiA (12), por su parte, respaldan la abolición. Fuentes de Prou! indicanque la decisión del PP de llevar el asunto al consejo de Garantías Estatutarias sólo supondría retrasar en un mes la aprobación de la prohibición, pero que no afectaría a su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2012.

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