La oposición guatemalteca condena la matanza de la embajada
El campus de la Universidad Nacional y Autónoma de San Carlos, de Guatemala, fue completamente rodeado ayer por fuerzas de la policía. En su interior, el Comité Nacional contra la Represión, que aglutina a sindicalistas, estudiantes y grupos religiosos y políticos de franca oposición al Gobierno, realizó un mitin de condena a la muerte de «campesinos» dentro de la embajada de España. Se esperan disturbios, si bien hasta el momento los reunidos permanecen dentro del campus y la autoridad no ha intentado en ningún momento penetrar en el mismo, manteniéndose en actitud vigilante en la periferia. Los oradores, incluidos los del Comité Pro Justicia y Paz, de carácter religioso, han condenado enérgicamente lo que califican de «criminal acción represiva, que concluyó en asesinato de campesinos y diplomáticos».
También el partido Democracia Cristiana Guatemalteca emitió un comunicado en el que, tras condenar los hechos, indica que lo sucedido «es responsabilidad de las autoridades».Otros grupos, no reconocidos por la ley, piden que se juzgue perentoriamente a los «responsables de la matanza», y citan incluso al ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz.
Mientras oficialmente el Gobierno guatemalteco responsabiliza de la matanza ocurrida el jueves en la embajada española a un «comande suicida», no se ha producido, a la hora de transmitir esta crónica, ninguna reacción oficial a la decisión del Gobierno español de romper las relaciones diplomáticas con Guatemala. La versión Oficial intenta involucrar a la embajada en la operación policial. El balance oficial definitivo del trágico incidente es de 39 muertos.
Después de las diligencias judiciales se ha determinado que, de los 39 cadáveres rescatados, siete correspondían a rehenes y los 32 restantes a los miembros del grupo ocupante.
Por la mañana se esperaba la llegada del embajador de España en El Salvador, Víctor Sánchez Mesa, comisionado por Madrid para hacerse cargo de la cancillería, sellada después del incendio, y para asistir al embajador Cajal mientras dura su convalecencia. También se esperaba la llegada de Pedro Bermejo, director general para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de familiares del embajador, del fallecido secretario Jaime Ruiz del Arbol y del canciller, Luis Felipe Sainz, también muerto en el incendio.
Poca gente ha conseguido explicarse de manera racional la tragedia ocurrida en la embajada española en Guatemala. El análisis de los hechos, en los que murieron 39 personas (según las cifras definitivas de los jueces instructores), no lleva a otras conclusiones que las de irracionalidad, brutalidad, desprecio por las más elementales normas de la convivencia internacional y ausencia de cualquier espíritu de diálogo.
La versión oficial de las autoridades guatemaltecas carga las culpas de la «matanza terrorista» a las «facciones clandestinas extremistas» y pretende involucrar a nuestros representantes diplomáticos en la acción policial que desencadenó el holocausto. «Un funcionario de la embajada española», dice dicha versión, «llamó telefónicamente a las 11. 50 horas a la policía nacional para informar que la sede diplomática estaba siendo asaltada, y que por ello solicitaba auxilio inmediato.» El embajador, Máximo Cajal, ha desmentido una y otra vez esta versión. Nadie llamó a la policía. Muy al contrario, se trató de conseguir, sin éxito, que la fuerza pública se retirase del lugar.
La televisión local ofreció por la noche imágenes incuestionables sobre la acción de las fuerzas del orden. Se veían policías por todos los lados: sobre el techo del edificio, en la puerta de entrada, en la pequeña terraza a la que daba una de las ventanas del despacho del embajador. Se vio cómo, con desprecio absoluto hacia la inmunidad de la sede diplomática -territorio español-, rompían con hachas y picos puertas y paredes. Pudieron oírse detonaciones y disparos. Las cámaras captaron el momento en que salían, primero, negros penachos de humo, y, luego, grandes llamaradas. Se vio salir, demudado, con el pelo y los brazos ardiendo, al embajador español y se oyeron claramente voces que decían: «Agárralo, agárralo.» Pudo verse, también, cómo algunos transeúntes increpaban a los policías: «¿No ven que se están quemando? Hagan algo.»
El acto final de la tragedia se consumó en pocos minutos. Cuando los bomberos llegaron no pudieron hacer más que lanzar sus chorros de agua sobre los 39 cadáveres calcinados. Las cámaras de la televisión mostraron a través de las rejas de la embajada un impresionante espectáculo. Un montón de cuerpos en el reducido espacio del despacho del embajador. Una de las víctimas quedó, de rodillas, muy cerca del ventanal, en la patética postura del que intenta, desesperadamente, salir.
Plan de ocupación
De la misma forma que los hechos evidencian la forma torpe en que, desde fuera, se manejó el incidente de la embajada, es real que la ocupación de nuestra sede diplomática obedeció a un plan preparado de antemano. En el piso bajo de la cancillería se hallaron copias de los pasos a dar para la toma de La subida, como el plan llamaba a nuestra embajada. Así se pudo saber que el grupo de 32 ocupantes (en que, según las autoridades guatemaltecas, solamente había cuatro campesinos, dos hombres y dos mujeres), se había concentrado en la Universidad de San Carlos y que se habían trasladado hasta nuestra representación en autobuses urbanos.
Los periodistas locales dijeron que los símbolos del grupo ocupante eran nuevos para ellos. Del asta de la bandera aún cuelgan restos de una pancarta roja y negra, con una estrella blanca de cinco puntas. Muchos de los cadáveres llevaban anudados al cuello pañuelos de idénticos colores. La mayoría de los testigos coincide en que la acción estuvo organizada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), grupo que comenzó sus actividades hace cuatro o cinco meses. Una mujer, según parece, dirigía el comando.
Llama la atención la enorme frialdad de las autoridades guatemaltecas para con nuestro país. Ningún representante del Gobierno visitó en las horas siguientes al incidente al embajador Cajal, en el hospital. El comunicado oficial se limita a presentar sus condolencias a los familiares de las «víctimas inocentes».
