Saénz de Santamaría: "Las fuerzas de seguridad no pueden por si solas erradicar el terrorismo"

El general José Sáenz de Santamaría, jefe de la Policía Nacional y delegado especial del Gobierno en el País Vasco para asuntos de orden público, afirmó ayer, ante la Comisión de Interior del Congreso, que mientras el Gobierno vasco, la población de aquel territorio y los partidos e instituciones sociales no tomen conciencia clara del problema terrorista y colaboren decididamente en su erradicación, será muy difícil la lucha exclusiva por parte de las fuerzas de seguridad.

El general Sáenz de Santamaría hizo, ante la Comisión de Interior que preside el centrista Arturo Moya, una exposición previa sobre las líneas generales de su actuación en calidad de delegado del Gobierno y posteriormente contestó a preguntas de diversos diputados.Algunas de las afirmaciones más fundamentales de la sesión, por parte del general Santamaría, fue ron las siguientes: la convicción de que la labor de las fuerzas de seguridad en el País Vasco está encaminada, fundamentalmente, a garantizar el orden público y, en consecuencia, el desarrollo democrático de las instituciones autonómicas vascas; quejas claras formuladas más o menos explícitamente sobre la falta de colaboración por parte de determinadas fuerzas políticas y, en concreto, las llamadas abertzales; prioridad, plagada de dificultades, al intento de crear una red informativa que haga eficaz la lucha antiterrorista en el País Vasco y, por fin, el subrayar la actitud, especialmente clara y decidida, en la oposición al terrorismo de Txiki Benegas. y Roberto Lertxundi, como secretarios generales del Partido Socialista y del Partido Comunista de Euskadi, respectivamente.

Respuesta a la escalada terrorista

El general Santamaría comenzó por enmarcar su nombramiento dentro de la escalada terrorista que se produjo en los meses inmediatamente anteriores a su designación para el cargo en el País Vasco.

Analizó luego el desarrollo pacífico de la campaña electoral, advirtiendo que es difícil señalar si ese apaciguamiento se debe sólo a la acción de las fuerzas de seguridad o respondía a un intento premeditado de las fuerzas terroristas para evitar pérdida de imagen ante la proximidad de las elecciones.

Al hilo de esta afirmación, señaló que «todo el mundo sabe que se implica a ETA Militar con Herri Batasuna y a ETA Político-militar con Euskadiko Ezkerra». En ese momento, el diputado Juan María Bandrés hizo muestras de protesta en voz alta con afirmaciones como: «Eso lo sabra él».

Sáenz de Santamaría añadió, a continuación, que durante su actuación en el País Vasco no ha reforzado excesivamente la dotación de las fuerzas de orden público. Señaló que la llegada del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de las Unidades de Acción Rural (UAR) fue más espectacular que importante numéricamente, y afirmó que el total de los efectivos de orden público en el País Vasco es del orden de los 6.000 agentes, cifra que coincide sustancialmente con la que el Gobierno vasco entiende como necesaria para la futura policía autónoma.

Analizó más tarde los métodos de trabajo, para advertir que esos sí habían cambiado a su llegada. Se trató de crear, por una parte, un ambiente de disuasión hacia los elementos terroristas y, por otra, un clima de protección y de seguridad para la población. Explicó que se había intensificado, en ese primer período, el rastreo del territorio, que dio como fruto, además de esos objetivos psicológicos, la incautación de algún armamento, de explosivos y el detectar campos de tiro de ETA Militar, así como la detención de varios comandos de este grupo. Advirtió entonces Sáenz de Santamaría que su afirmación en el sentido de que habían desarticulado comandos de ETA Militar no había que entenderla al pie de la letra, «porque los comandos son estancos entre ellos, y sólo se consigue detenerlos, sin que ello signifique que se desarticula la organización». Explicó también que cada uno de estos comandos suele contar con idéntico armamento: una metralleta, cuatro pistolas, munición y cuatro granadas.

Torturas a detenidos

El turno de preguntas lo inició el comunista Simón Sánchez Montero para interesarse por la aplicación en Euskadi de la ley Antiterrorista y por la detención del militante comunista Kepa Olabarría, quien denunció que estuvo esposado durante sesenta horas seguidas a una argolla, además de recibir golpes y posibles emanaciones de gas que le produjeron alucinaciones.

Sáenz de Santamaría explicó que han sido detenidas 51 personas, de las que 31 han pasado a disposición judicial y 20 han quedado en libertad. En cuanto a la detención de Olabarría, la justificó porque las investigaciones en torno al asesinato de un joyero en Durango señalaron indicios sospechosos, por ser el detenido hermano de Goyo Olabarría, jefe del comando que actuó en Ispáster. Más tarde se vio, dijo, que no había ninguna conexión y fue puesto en libertad. Aseguró también que todos los detenidos son examinados por el forense antes de ser puestos en libertad, y en cuanto a los gases, «puedo asegurar que esos métodos no los usamos, porque, entre otras cosas, no los tenernos». El tema de las torturas, añadió, está sub júdice, y el esposamiento durante tantas horas, dijo, es, en definitiva, un problema de la palabra del detenido contra la de la Guardia Civil.

Cese del director de la Guardia Civil

El socialista Carlos Sanjuán preguntó después a Sáenz de Santamaría si había recomendado al Gobierno que acelere los trámites para crear la policía autónoma, y al ministro si iba a proponer al Gobierno el cese del director general de la Guardia Civil, tras sus recientes declaraciones en tomo a la ley de Bases de la Defensa.Sáenz de Santamaría respondió que su misión no era hacer recomendaciones de este tipo al Gobierno ni inmiscuirse en los trabajos del Congreso, y explicó que en todo caso la policía autónoma no se improvisa.

Ibáñez Freire respondió al diputado socialista que el nombramiento y el cese del director general de la Guardia Civil corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los ministros de Interior y Defensa. Reconoció que ambos, por separado, han analizado el tema de las declaraciones con gran detenimiento, y añadió que él, individualmente, no podía proponer ni responder, y que si se viese la necesidad de tomar alguna medida, ésta se formularía por el Consejo de Ministros. «La decisión no está tornada», concluyó.

Juan María Bandrés comenzó exigiendo una «explicación clara y terminante sobre las implicaciones de ETApm con Euskadiko Ezquerra, «y en cuanto a la relación de Herri Batasuna con ETA Militar, aseguró que la coalición abertzale tiene diputados que podían acudir al Parlamento, y que él no tenía que defender «a quien no me lo pide».

Afirmó que las implicaciones de Herri Batasuna con ETA Militar «es mejor que las explicase Herri Batasuna», pero es ETA Militar, en su boletín interno, Zutabe, quien hace constantes referencias a Herri Batasuna, «y si yo no conociese esto sería un analfabeto en cuestiones de terrorismo». Señaló entonces la detención en Francia del dirigente de Herri Batasuna Yokin Gorostidi, en compañía de destacados miembros de ETA Militar. En cuanto a las relaciones de Euskadiko Ezquerra con ETApm, «no puedo contestar, pero me agradaría enormemente poder hablar con el señor Bandrés del tema y ofrecerle algún documento».

Bandrés replicó que Gorostidi había sido absuelto por un tribunal francés de cualquier imputación de connivencia con ETA Militar, y explicó después que ETA, la formación más importante dentro de Euskadiko Ezkerra, procedía, efectivamente, del desdoblamiento de ETA Político-militar por parte de un grupo que había optado por la acción política, abandonando la lucha armada. «Cosa distinta es que ETApm vea con simpatía la actuación de Euskadiko Ezkerra», añadió, «que aplauda actuaciones de Euskadiko Ezkerra, incluso esta mía de ahora, porque yo no tengo la culpa de tener admiradores en distintos sitios y porque además eso es bueno, ya que es mejor tender puentes que tanquetas para intentar construir la democracia».

Gobierno vasco y lucha antiterrorista

Cristóbal Pascual, del PSOE, preguntó por la reordenación de los servicios de información y por posibles apoyos extranjeros a los grupos terroristas vascos. Sáenz de Santamaría aseguró que «la información es dificilísima de obtener» y que los terroristas tratan de eliminar toda posibilidad de obtenerla, atacando sistemáticamente a personas que conviven con las fuerzas de orden público. Respecto a las conexiones extranjeras, Sáenz de Santamaría dijo que no tenía documentos que lo probasen, pero que tenían constancia de que, pese al aislamiento de los comandos ETA, se ha llegado a saber que detenidos de distintos comandos se habían conocido en cursillos de entrenamiento en Argelia y en el Líbano.

Sáenz de Santamaría respondió después al diputado de UCD Baudilio Tomé en el sentido de que era optimista respecto al futuro del País Vasco, pero que todo dependerá de cómo se implique el Gobierno vasco en la lucha antiterrorista, y que sólo se logrará dar un paso importante cuando el Gobierno vasco «consiga implicar a todas las fuerzas políticas en esa luüha».

Más tarde, respondió a una pregunta del centrista Soler, para afirmar que no se puede generalizar respecto de la actitud de la población vasca, pero sí decir que, en general, es de recelo, en medio de un clima de miedo, mientras los actos terroristas son magnificados por algunos órganos de información, como, por ejemplo, Egin, lo que contribuye a aumentar el miedo de la población. Aseguró que los 150.000 votantes de Herri Batasuna y los 98.000 de Euskadiko Ezkerra sí tienen por lo menos implicaciones de simpatía que suponen una infraestructura, no exactamente de apoyo directo al terrorismo, pero sí de disculpa, y que ello lleva a las fuerzas de seguridad a una situación muy difícil para desarrollar su trabajo.