El PSOE no ha cambiado de objetivos estatalizadores, según Alianza Popular
"El socialismo no ha cambiado de objetivos últimos en cuanto a su concepción peculiar estatalizadora del sistema económico", afirma un comunicado hecho público ayer por el comité ejecutivo de Alianza Popular (AP), en relación a "la decisión del Gobierno de nacionalizar la pasada semana por decreto-ley dieciocho bancos y otras empresas de uno de los grupos financieros más importantes del país".El comité ejecutivo de Alianza Popular que calificó la medida de "extremadamente grave" en su reunión celebrada ayer, entiende que las consecuencias negativas para el futuro en cuanto a la confianza en general en el sistema económico y financiero serán incalculables, como lo son para el contribuyente español que, en definitiva, ve cargar sobre el sector público nuevos problemas que ahora estaban en el sector privado sin que se pueda invocar la protección de derechos a terceros como coartada para la realización de tales acciones.
Contraria a la Constitución
Sin entrar a juzgar el fondo del problema y defendiendo el total cumplimiento de la ley por todos, Alianza Popular cree que la medida adoptada por el Gobierno es contraria al espíritu y a la letra estricta del artículo 862 de la Constitución, en el que claramente se establece que los decretos-leyes no podrán afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero del ordenamiento constitucional.Por otra parte, el hecho de que el Gobierno haya tenido que dar marcha atrás en su decisión de desnacionalizar algunas de las empresas del grupo en cuestión, confirma la impresión de que la Administración ha actuado de forma precipitada y poco seria en un asunto de tanta gravedad y trascendencia.
Por ello, "Alianza Popular se opondrá con todos los argumentos constutucionales a su alcance a tan arbitraria medida que afecta nada menos que a la credibilidad del sistema financiero interno y a la confianza de los inversores extranjeros en nuestro país, todo ello sin perjuicio de que el cumplimiento de las normas vigentes se puedan aclarar y resolver todos los problemas, y responsabilidad, si la hubiere de cualquier empresa o grupo de empresas, como es propio de un Estado de derecho".
El catedrático de Derecho Procesal, Andrés de la Oliva, declaró ayer a la agencia Europa Press que las dimensiones jurídicas de la expropiación de Rumasa superan con mucho el asunto de la Barcelona Traction.
Por último, el representante de la Intervención General en el comité de administración de Rumasa es definitivamente Ricardo Bolufer, según informaron fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, quien sustituye en este puesto a Jesús Ruiz Ayucar, que, por su parte, permanece como subdirector general de control financiero en la Intervención General del Estado. Los otros miembros del comité, ya desigandos, son Raimundo Ortega, Jaime Isac, Juan Antonio Ruiz de Alda y Ricargo Goytre.
