Alfonsín releva al jefe de las fuerzas terrestres para atajar el malestar creado por los juicios sobre derechos humanos
Raúl Alfonsín, presidente del Gobierno y comandante en jefe de las fuerzas armadas, tal como lo establece la Constitución argentina, resolvió de forma fulminante la grave crisis interna del Ejército de Tierra. Dispuso el relevo inmediato del jefe de Estado Mayor, general Jorge Arguindegui, y de otros tres altos oficiales, entre ellos el comandante del poderoso III Cuerpo, con base en la ciudad de Córdoba, general Pedro Mansilla. La medida y la acción del Gobierno provocó distintas reacciones anoche en la tradicional cena anual de camaradería de las fuerzas armadas, que viven bajo la presión derivada de sus últimos fracasos históricos y de las investigaciones iniciadas por delitos económicos y violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen anterior.
Alfonsín había recibido información sobre una reunión que Arguindegui mantuvo con altos oficiales en el sur del país. En esa ocasión, el ahora ex jefe de Estado Mayor aseguró que, ante la mala gestión del Gobierno, el Ejército debía prepararse para "la toma del poder".La demora en la resolución de los juicios que tiene a su cargo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; la reducción presupuestarla que impide el reequipamiento y cualquier otro proyecto militar, y la baja de los salarios reales, que afecta también al Ejército, además de la crisis heredada, apuraron el relevo del general Arguindegui y su reemplazo por el general Ricargo Gustavo Pianta, que era hasta el jueves el segundo jefe de ese Estado Mayor General del Ejército y que pertenece al arma de Artillería, con lo que se eliminan de paso los pulsos sostenidos entre las distintas armas del Ejército.
Pocas horas antes de su destitución, el general Arguindegui había convocado en su despacho al general Pedro Mansilla, comandante del III Cuerpo, con base en Córdoba -una de las unidades militares más poderosas del país-, para exigirle, por orden del ministro de Defensa, Raúl Borrás, que pidiera su pase a la reserva. El general Mansilla se negó a hacerlo voluntariamente y le constestó: "Reléveme si quiere, pero yo no me voy". El retiro sólo podía ser ordenado entonces por el presidente de la nación, cosa que ocurrió finalmente.
El general Mansilla era acusado desde hace tiempo de falta de autoridad en la III Región Militar, donde reemplazó al general Luciano Benjamín Menéndez, uno de los líderes de la ultraderecha del Ejército, quien, aun retirado y acusado de conducir personalmente el campo de concentración La Perla -el más importante de los centros de tortura y represión entre los ubicados en el interior del país-, se mueve con absoluta libertad por la ciudad de Córdoba. Desde allí hizo frecuentes declaraciones contra la acción del Gobierno y la justicia.
Otros dos altos oficiales, los generales Camissa y Capanegra, que pertenecían al directorio de Fabricaciones Militares -uno de los complejos industriales más poderosos del país-, fueron relevados por cuestionar,la decisión del Gobierno de modificar la razón social de la empresa, que ha pasado ahora a pertenecer al sector público y será conducida por civiles.
Aunque las destituciones ordenadas por el presidente responden a diversas causas, en última instancia el conflicto interno del Ejército argentino no.es más que una secuela de la degradación discipli naria que ha sufrido en los últimos años. Las fuerzas armadas encabezaron las juntas militares que presidieron la dictadura y condujeron la vergonzante guerra de las Malvinas. El 80% de los oficiales acusados y procesados ahora en juicios de corrupción, desapariciones y torturas pertenecen al Ejército de Tierra.
La orden de detención dictada la semana pasada contra los capitanes Gustavo Alcina y Enrique Mones Ruiz por la muerte de dos personas en 1976 provocó la reacción de sus compañeros en la Escuela Superior de Guerra. Los oficiales de graduación menor se resisten a presentarse ante lajusticia civil, aunque les ampara el principio de la obediencia debida, porque no están dispuestos a entregarse a la hoguera pública.
El enfrentamiento entre el sector liberal del Ejército -que encabeza el jefe de Estado Mayor Conjunto, general de Infantería Manuel Fernández Torres- y el sector nacional -que conducía el hasta ayer jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Caballería Jorge Arguindegui- era ya tan grave que los dos casi ni se hablaban.
