El vía crucis de un funcionario

Tras casi cinco años (le tortuosos e inacabables litigios contra la Generalitat, el ingeniero de Caminos Juan José Moll ha conseguido una victoria después de más de 200 recursos. La Audiencia de Barcelona ha acordado llevar a juicio a Joaquim Tossas, secretario general de Obras Públicas de la Generalitat, y a la propia AdministracIón catalana como responsable civil. Los delitos imputados son falsedad, prevaricación y desobediencia judicial. La decisión de la Audiencia puede suponer el inicio de un amplio proceso que alcanzaría a varios altos cargos de la Generalitat. El pasado diciembre, el conseller Josep Gomis almorzó con Moll para buscar un acuerdo, pero ya era demasiado tarde.

"Alguien debió de haber calumniado a Josef K, puesto que, sin haber hecho nada malo, fueron a arrestarlo una mañana". La in creíble historia de Juan José Moll puede ser tan estremece dora como la del protagonista de El Proceso de Franz Kafka Su historia son las peripecias de un funcionario perseguido sin más culpa que la de haberse atrevido a denunciar las irregularidades de que, a su parecer, ha sido víctima durante cinco largos años por defender sus derechos.La fatalidad cayó sobre Juan José Moll el mismo día en que entró en Obras Hidráulicas de la Generalitat. Fue en 1982 cuando este joven ingeNIero de Caminos, que había hecho toda la carrera con becas y la terminó con sobresaliente, fue contratado por el departamento. Nombrado jefe de sección de Proyectos de Obras Hidráulicas y director técnico del minitrasvase del Ebro fue poco a poco marginado hasta ser desplazado de estos puestos.

Sus problemas empezaron en 1985 de forma insólita tras haber dirigido varios escritos a sus superiores en los que pedía explicaciones sobre la cobertura de varias plazas del Departamento.

Restricciones

Pronto las quejas se endurecieron y llegaron a los tribunales. Moll denunció irregularidades en los concursos para cubrir puestos directivos en los que intentaba concurrir, hecho que le era impedido mediante limitaciones específicas en las convocatorias. Por ejemplo, para la plaza de Jefe de Recursos Hidráulicos se restringía a licenciados en Derecho. La Audiencia le dio la razón dos veces y anuló dos nombramientos, pero con ello sólo ganó una mayor animadversión de sus jefes.

La tensión aumentó de tono cuando Juan José Moll solicitó al conseller información sobre "los proyectos contratados a Leandro López Bosch, Acuaplan, Sr. Molist (Geoconsulting) y Gráfiques Fontseré" por la sospecha de que existía favoritismo.

La reacción del director general Francesc Vilaró fue fulminante. En lugar de investigar las denuncias, se abrió a Moll un expediente acusándole de faltas de puntualidad y "diversos defectos constructivos". Una acusación grave, esta última, pero que después tuvo que ser retirada por falta de pruebas.

Cada día más acorralado e indefenso emprende una desaforada carrera de denuncias, demandas y recursos en todas las vías; contenciosa, penal, social, que en repetidas ocasiones le llevarán ante el Tribunal Supremo o, en última instancia, el Consejo General del Poder Judicial. En total, más de 200 recursos que implican a 40 altos cargos de la Generalitat y a 16 magistrados. Miles y miles de folios que sin solución de continuidad enzarzan una causa con otra y describen un mundo de complicidades, corporativismos en el que el silencio y el temor son ley.

En diciembre de 1985, el secretario general de Obras Públicas, Joaquim Tossas, acordó la instrucción de un expediente y le suspendió provisionalmente de empleo "en interés del servicio". El ingeniero recurrió alegando que se le había aplicado la Ley (le Función Pública de la Generalitat de 1985 que no prevé la suspensión de empleo por estas causas. Su artículo 33 establece: como condición para ser funcionario "no estar inhabilitado por sentencia firme ni haber estado separado mediante expediente".

Moll recurrió la resolución ante la Sala Tercera de la Audiencia, presidida por Enrique Lecumberri. La Sala desestimó el recurso del funcionario admitiendo la suspensión de empleo y, pocos meses después, Moll denunció su funcionamiento anómalo ante el Consejo General del Poder Judicial por no atender muchos de los recursos presentados. Pero la denuncia no prosperó.

En mayo de 1986 terminó la instrucción con la propuesta de separación de servicio de Moll, que debería acordar el Consell Executiu. Moll llevó el caso al Juzgado de Guardia, por el presunto delito de prevaricación, lo que significó llevar la guerra al campo penal.

El 30 de mayo

Mayo resultó un mes agitado y el 30 fue un día inconmensurable en que ocurrió de todo. La Sala Tercera dictó una sentencia que desestimó otro recurso de Moll contra la suspensión de empleo, a pesar de que desde el 2 de mayo Moll había denunciado su presidente al Consejo del Poder Judicial.

El mismo día 30 de mayo, Joaquim Tossas resolvió el expediente y propuso al Gobierno catalán "la separación de servicio" de Moll en lugar de la suspensión de empleo. La resolución de Tossas hacía referencia a una acta de Lecumberri que no se dictó hasta el 12 de junio siguiente. Y también fue el 30 de mayo de 1986 cuando se fedataron las fotocopias de todo el expediente remitido a la Audiencia en el que se deja constancia de hechos y resoluciones que todavía no se habían producido como un certificado de la Comisión Técnica de la Función Pública del 19 de junio y el acuerdo del Con sell Executiu de 26 de junio que impuso la sanción de "separación de servicio al funcionario contratado Juan José Moll".

A partir de agosto de 1986 Moll se presentó a todas las oposiciones que convocó la Generalitat, incluída la plaza de "cocinero en el Palacio de los Canónigos", residencia oficial del presidente de la Generalitat. En todos los casos fue sistemáticamente rechazado. El secretario general de la Presidencia Lluís Prenafeta se lo comunicó oficialmente.

Desesperado, Juan José Moll recurrió todas las oposiciones a las que se habían presentado más de 10.000 personas. Se armó un revuelo increíble y la Administración catalana tuvo que destinar a un equipo de personas para hacer las notificaciones.

Meses después recusó a la Sala Tercera por retrasarse en la resolución de su caso y todos los recursos pasaron a la Sala Segunda. El cambio significó un cierto alivio y en julio de 1987 esta Sala dictó un auto que aunque le mantenía separado del servicio le permitió participar en futuras oposiciones.

Un pequeño éxito al que se sumó otra sentencia que condenó a la Generalitat por vulnerar la Constitución y desconocer el principio de presunción de inocencia.