El Estado no consigue cobrar ni la tercera parte del canon por contaminación de aguas
En cinco años de funcionamiento del canon por verter sustancias contaminantes a ríos y mares sólo se han recaudado 7.300 millones de pesetas. Esta cifra no llega ni a la tercera parte de lo que industrias y ayuntamientos debían haber pagado. Francisco Gil, director general de Calidad de Aguas, es pesimista. Apunta la preocupante provisionalidad de todo y ve como mejor salida cambiar de sistema. "El canon es una figura paniaguada, que en la práctica no sirve para casi nada".
Desde que en 1987 se puso en marcha el canon de vertidos creado por la Ley de Aguas de 1985 como uno de los pilares para poner freno al deterioro medioambiental en España, las industrias debían haber pagado 8.234 millones de pesetas y los ayuntamientos 14.645 millones. En realidad, sólo han abonado 4.000 y 3.340 millones, respectivamente. Para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo preocupante no es sólo eso, sino que la tendencia no es a aumentar. El porcentaje de los que pagan se ha estancado en el 48% de las industrias y el 23% de los ayuntamientos.Francisco Gil, director general de Calidad de Aguas del MOPT, es tajante: "El canon actual sigue el modelo italiano; pero como nuestra dotación de guardas es ridícula, todo se convierte en un juego del ratón y el gato, entre infractores y policías. La experiencia y los datos, y eso que yo llevo en este cargo sólo cinco meses, dicen que este tributo no cumple ni su papel disuasorio ni su finalidad, que es recaudar los fondos necesarios para proteger y mejorar el equilibrio ecológico de las zonas dañadas". "Con el sistema de ahora", concluye Gil, "tenemos estudios que demuestran que por mucho que suba el canon nunca se recaudarán cantidades significativas para la depuración de las zonas contaminadas".
Sobre la polémica creada en torno a SNIACE, cuyo canon asciende a 525 millones anuales y que poco antes de presentar suspensión de pagos fue obligada por los tribunales a ejecutar un aval de 625 millones, Francisco Gil explica que la Administración fue tolerante con la empresa y le impuso ese canon provisional hasta que presentara un plan de saneamiento. "En realidad, la contaminación es tan fuerte que por ley se le debía haber prohibido seguir produciendo en esas condiciones, pero tampoco se quería forzar el cierre de SNIACE, por lo que supone para muchos trabajadores de Cantabria. Ya se sabe que cuando corren tiempos de aumento del paro, la conciencia ecologista baja".
Nunca lo suficiente
Francisco Gil compara lo recaudado -cuya gestión corresponde a las Confederaciones Hidrográficas de cada cuenca- con lo que cuesta reparar lo dañado, y las cuentas se le vienen abajo: "Estamos pensando subir la unidad del canon de medio millón a un millón de pesetas. Todos pasarían a tener que pagar el doble, y se les puede obligar con los mismos procedimientos que se siguen contra quien no paga el impuesto de la renta. Pero, ¿de qué me sirve conseguir 14.000 millones de pesetas, si, por ejemplo, el Plan de Saneamiento de las cuencas del Saja y Besaya, en Cantabria, supone 8.000 millones de pesetas, y una depuradora en Valladolid puede salir por 10.000 millones? Hay que cambiar el actual sistema, que no me agrada nada, y apostar por el modelo francés de corresponsabilidad".
Según ese principio, se cambiaría el concepto de "quien contamina paga" por el de "quien ha contaminado, paga lo necesario para dejar la zona limpia". En el caso de SNIACE, por ejemplo, no habría que partir del medio millón de la unidad del canon multiplicado por la cantidad de litros de lejías bisulfíticas que suelta, sino de su 90% de culpa en el deterioro de la cuenca del Besaya y la playa de Suances, cuya limpieza ha agudizado estos días las tensiones entre el Gobierno cántabro y la Administración central.
