Venezuela oculta la verdadera identidad de 34 refugiados etarras
Venezuela acoge a 34 miembros o ex miembros de ETA, que según las autoridades locales se han mantenido alejados de las acciones terroristas. La policía venezolana no da los nombres verdaderos de los residentes, considerados refugiados políticos, medida que justifica para protegerlos de posibles atentados como el ocurrido en 1980 contra un matrimonio vasco. El jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), policía política venezolana, general de división Manuel Heinz Aizpurua, afirma que no ha recibido documentación de la policía española sobre la operación de Uruguay ni solicitud de extradición, pese a que seis de los vascos tienen "amplio historial" terrorista. "Mientras cumplan las normas venezolanas no hay razón para que incumplamos el asilo", alega.
El ingreso de presuntos etarras comenzó en 1973 en secreto, durante el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Desde entonces han llegado ocho grupos, el último en fuga de la invasión norteamericana de Panamá en 1990. Al menos un deportado desde Francia a Venezuela, Venancio Sebastián Horcajo, huyó de este último país para. regresar a España, donde fue detenido en febrero de 1985 y acusado de integrar el comando Madrid.
Desde los más antiguos hasta los más recientes, los exiliados vascos se han asimilado a la sociedad venezolana, sin olvidar sus causas ideológicas, que exteriorizan en las tascas de La Candelaria (barrio español caraqueño) o en reuniones privadas.
No obstante su acoplamiento a la vida venezolana (muchos de ellos han hecho pareja con mujeres locales), todavía mantienen una actitud recelosa con los extraños y evitan tener relaciones con la embajada española.
Por lo general, no van más allá de hacer tertulias en el centro vasco o en los restaurantes, donde aprovechan para hacer catarsis hablando mal del Gobierno español y reivindicar su nacionalismo.
Con trabajo
La mayoría ha encontrado trabajo rápidamente, gracias a la solidaridad de la colonia vasca. Se han colocado en las fábricas y comercios que tienen los poderosos industriales vascos en el oriente venezolano, Puerto la Cruz y Cumaná. La DISIP ejerce un control relativo sobre los refugiados de ETA. "Visita mensualmente a cada uno de ellos para llevar un seguimiento", afirma la policía. Acuden voluntariamente a las oficinas de la DISIP cada mes para tramitar la prórroga de su visado y dar cuenta de su situación y lugar de residencia.
Sin embargo, la policía política no los somete a vigilancia. "No es necesario, han tenido buena conducta desde su llegada, a Venezuela", explica el general Heinz Azpurua, a sabiendas de que seis de los 34 refugiados "presentan un amplio historial que reseña su gran actividad terrorista y son considerados expertos en explosivos".
