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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

También el PNV

EL ACUERDO con el PNV significa para Aznar asociar a su investidura a los tres principales grupos nacionalistas, prefigurando así lo que podría ser una alianza estable de todo el centro-derecha en España, un hecho sin precedentes. Al margen de su contenido, la mera existencia del acuerdo supone la superación de una barrera psicológica que ha determinado la política de alianzas desde el inicio de la transición. Si se consolida, el pacto del PP con los nacionalistas condicionará, sin duda, la oposición que vayan a realizar tanto el PSOE como Izquierda Unida e incidirá seguramente también en los alineamientos que se produzcan en los Parlamentos catalán y vasco. Aznar no necesita los votos del PNV para ser investido presidente. El acuerdo revela, pues, una clara voluntad. política, y en gran medida parece ser obra de la tenacidad de Jaime Mayor Oreja, principal dirigente vasco del PP.El argumento implícito ha sido que dejar al PNV fuera del pacto ya alcanzado con los nacionalistas catalanes y canarios habría sido casi como empujarle hacia los sectores más radicales. El argumento tiene fuerza, porque esa tentación ha sido grande en el PNV desde que la recuperación de una parte del voto moderado por parte del PP cuestiona la hegemonía nacionalista. El PNV ha seguido creciendo, pero no lo suficiente como para compensar las pérdidas HB y EA. El ensayo de frente sindical abertzale (ELA-LAB) y las confusas ensoñaciones irlandesas de un sector de la dirección del PNV son dos síntomas de una evolución preocupante. Sobre todo, para alguien con tantas posibilidades de convertirse en ministro del Interior como Mayor Oreja. Su comprensión del problema vasco no era ningún secreto y queda reflejada en esta operación de última hora.

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Pero si el acuerdo ha fructificado ha sido también porque el PNV temía verse aislado. Desde su automarginación del Pacto de San Sebastián en 1930 -que abriría paso a la Segunda República- hasta el fracaso de sus negociaciones con los socialistas en 1993, pasando por su exclusión de la ponencia constitucional en 1978, el PNV tiene una amarga. experiencia de los efectos de ese aislamiento. Los sectores empresariales que apoyan el nacionalismo rnoderado han presionado siempre en favor de una mayor implicación en la política española. Uno de los reproches contra Garaikoetxea a raíz de la ruptura con Arzalluz, hace 10 años, fue su incapacidad para lograr pactos con otras fuerzas.

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El acuerdo PNV-PP tiene de entrada el mérito de comprometer al PNV cuando su vocación natural es la de amagar y abstenerse. Supone también, como ayer dijo Jaime Mayor, la superación de un tabú procedente de la guerra civil, que identificaba derecha política con franquismo (pese a que hasta 1936 el PNV siempre buscó aliados en la derecha católica y tradicionalista). Por otra parte, el acuerdo también tiene la virtud de comprometer de manera difícilmente reversible al PP en una política resueltamente autonomista. Tal vez demasiado.

Algunos dirigentes del PP se jactaban ayer de haber logrado en dos meses lo que ni Suárez ni González obtuvieron en años. Algunos tienen tanta prisa en echar las campanas al vuelo como otros en condenar lo que apenas conocen. Sólo los efectos políticos del acuerdo sobre el sistema autonómico determinarán qué hay de clarividencia y cuánto de oportunismo. Es cierto que el PP defendía en su programa la, culminación de las transferencias pendientes con las autonomías del 1.51 (si bien desde la perspectiva de evitar que se mantuviera indefinidamente abierto el proceso de expansión competencial: algo que ha desaparecido de los acuerdos con CiU y PNV). Parece difícil encajar algunos plantos de los, acuerdos con principios como la oposición al vaciamiento del Estado, el rechazo a la idea de España como mera coordinadora de las 17 comunidades, la defensa del principio de igualación competencial básica de todas las comunidades, centrales en el discurso del PP de los últimos años.

En política, las rectificaciones son con frecuencia el efecto de necesidades coyunturales que luego se racionalizan e interiorizan. Muchas veces para bien. Lo inquietante es que la rectificación vertiginosa del PP pasa por compromisos bilaterales sobre asuntos que afectan al sistema autonómico en su conjunto, e incluso a la gobernabilidad. ¿Se han tenido en cuenta, por ejemplo, las consecuencias de abrir ahora (a 20 años de la transición) la carrera por la recuperación del patrimonio incautado en la guerra civil? ¿Retirará el Gobierno de La Rioja el recurso contra las llamadas vacaciones fiscales vascas ahora que se amplían las facultades de Euskadi en la materia? ¿Mantendrá su recurso Fraga contra la cesión del 15% del IRPF? ¿Cómo reaccionarán los sindicatos ante el acuerdo con el PNV sobre formación continua?

No se trata de cuestionar esas u otras reivindicaciones nacionalistas, sino de alertar sobre el impacto económico y político de las mismas. Cualquier pacto debe estar sometido a dos premisas básicas: que no impida la reducción del déficit ni rompa la solidaridad entre las comunidades. Aznar tiene en su discurso de investidura la ocasión de explicar los acuerdos a la luz de estos dos compromisos.

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