Kohl, investigado
LA APERTURA por la fiscalía de Bonn de un sumario contra Helmut Kohl por presunta malversación de fondos públicos representa un nuevo golpe contra la ya empañada reputación del primer canciller de una Alemania unida después de Hitler. La investigación judicial contra Kohl, un año después de que fuera derrotado en las urnas tras un reinado indiscutible de 16 años en la política germana, es independiente de la que lleva adelante el Parlamento federal y se sigue de la reciente admisión por el ex mandatario alemán de que recibió entre 1993 y 1998, y mantuvo secretas, donaciones para su partido, la Unión Cristiana Democrática (CDU), que ascendieron a unos 170 millones de pesetas. Si resultara culpable podría ser condenado, en el peor de los casos, a penas de cárcel. Kohl, hasta ahora, y pese a la insistencia de los nuevos jefes democristianos, se ha negado a revelar las identidades de los donantes.Kohl, que lamentó ayer la acción del fiscal, arguye que ninguna de las decisiones que tomó como canciller federal estuvo influenciada por donaciones políticas. Pero la argumentación no hace al caso. La ley de partidos alemana obliga a declarar las contribuciones superiores a 20.000 marcos (1,7 millones de pesetas) y a conocer el nombre del donante. Al tergiversar su contabilidad oficial, el partido del canciller se benefició ilícitamente de subvenciones públicas; en un país, además, que goza probablemente del sistema estatal más generoso del mundo en la financiación de partidos políticos. Aceptando dinero furtivo, Helmut Kohl dio vía libre a un sistema que encierra infinitas posibilidades de corrupción.
El tema -de dónde obtienen los partidos el dinero para su mantenimiento y campañas- ha venido a convertirse en uno de los talones de Aquiles de los sistemas democráticos avanzados. No ha perdonado a la escrupulosa Alemania (recuérdese el caso Flick, en el que Kohl también fue investigado sin consecuencias), pero tampoco al Reino Unido, Francia o Italia. Y, desde luego, no a España, donde todavía colean en los tribunales algunos de los casos de ilegalidad más notorios.
Descubrir a estas alturas el potencial efecto devastador del dinero engrasando por la puerta falsa la vida política sería una ingenuidad. Y, obviamente, la gravedad de la actuación del ex canciller no deriva de la cantidad según Kohl recibida por la CDU y admitida como clandestina. Son las implicaciones potenciales del escándalo financiero que planea sobre la cabeza del antiguo jefe de Gobierno las que han disparado los mecanismos de vigilancia y corrección del Estado democrático. El dinero no suele ser en sí mismo el problema; el meollo de la cuestión es la clandestinidad con que se recibe y maneja. Los fondos ocultos ayudan a los políticos a mantenerse en el poder y los ciudadanos tienen perfecto derecho a preguntarse si la práctica de obtener contribuciones de donantes misteriosos no esconde a cambio la obtención de determinados favores que no resistirían la luz del día.
Los sistemas democráticos tienen sobre los demás la ventaja de que albergan en su seno mecanismos de control más refinados. En el caso de la financiación de los partidos parece evidente que sólo una rigurosa transparencia -acentuada por un electorado vigilante y una prensa libre- ofrece, junto con una limitación prudente de lo que se puede gastar en campañas, las garantías suficientes. En esta Europa que se reclama alma máter de la más afinada democracia, los partidos simplemente deben estar obligados, y la CDU lo estaba, a revelar rápida y claramente de quién y cuánto dinero reciben. Helmut Kohl es una figura histórica, pero un ciudadano más a los ojos de la fiscalía de Bonn.
