Inmigrantes a la deriva
El Gobierno adelantó ayer, por boca del secretario para la Extranjería, Fernández-Miranda, el número de inmigrantes sin papeles que deberán abandonar España, por grado o por fuerza, a partir de enero, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería: unos 30.000. Pueden ser más si no se resuelven favorablemente los expedientes de 60.000 inmigrantes más que no pudieron demostrar su permanencia en España desde antes del 1 de junio de 1999.Esta expulsión masiva plantea difíciles problemas de ejecución. Como no es previsible que se vayan por voluntad propia, habrá que proceder a localizarlos, detenerlos y expulsarlos. Una tarea complicada cuando se trata de miles de personas, de las que en muchos casos no existen datos verificables sobre su país de procedencia. El primer efecto de la nueva Ley de Extranjería no puede ser más negativo para un gran número de inmigrantes. Hecha la teoría, ahora hay que ver cómo se lleva a la práctica.
En todo caso, esa tarea no puede apartar al Gobierno del objetivo de proceder cuanto antes al examen de los expedientes de los 60.000 inmigrantes rechazados en principio en el proceso extraordinario de regularización. Aquella iniciativa del PSOE, aceptada por el PP, sería el efecto menos malo de la nueva ley. Pero el Ejecutivo debería darse prisa en ofrecer esa nueva oportunidad, aunque sólo fuese para evitar que se repitan espectáculos como el de Almería: riadas de inmigrantes llevados de aquí para allá por no se sabe quién, en busca de papeles que nadie les va dar. La nueva Ley de Extranjería todavía tardará dos o tres semanas en entrar en vigor, pero su espíritu de desconfianza hacia el inmigrante está plenamente vigente. No va a impedir que sigan llegando miles de ellos a España, pero hará mucho más difícil la estancia de los que logren burlar los controles fronterizos y se aventuren a vivir y trabajar bajo la amenaza de la expulsión inminente.
La tarea más inmediata y urgente será crear centros de acogida y de atención sociosanitaria para los inmigrantes sin papeles llegados a las costas españolas. Los problemas de acogida de estos inmigrantes se han trasladado de Ceuta y Melilla a Andalucía entera. Centenares de ellos, quizá miles, esperan una decisión administrativa sobre su inmediato futuro. Mientras tanto, esas personas necesitan centros donde comer y ser asistidos. El problema ha adquirido una envergadura que no se resuelve, como hasta ahora, con campamentos de ocasión como los de Calamocarro, en Ceuta, y La Granja, en Melilla, al otro lado del Estrecho. Tampoco con la generosidad y buena voluntad de los habitantes de la zona. Se necesitan infraestructuras estables para acoger un flujo de inmigrantes que se prevé permanente a medio plazo.
La nueva Ley de Extranjería, precisamente por restringir al máximo los derechos del inmigrante irregular y negarle en la práctica la posibilidad de regularizar su situación, obligará al Gobierno y a las administraciones a estar muy pendientes de su conflictiva aplicación. Es necesaria no sólo una red de centros de acogida en las fronteras, sino una actuación pública preferente en las 50 zonas de concentración de inmigrantes ya existentes. ¿Va a permitir el Ejecutivo, con la flamante nueva ley bajo el brazo, que sigan existiendo situaciones de explotación como la de la recogida de cítricos en la región valenciana? Los 30.000 millones que pide la oposición socialista para este tipo de actuaciones, contemplados en el llamado Plan Greco de Ayuda a la Inmigración, quizá sean excesivos. Pero los 500 millones que ofrece el Ejecutivo son manifiestamente insuficientes. No deja de ser curioso que la Ley de Extranjería entre en vigor al tiempo que España -gracias a los inmigrantes llegados en los dos últimos años- logra superar la barrera de los 40 millones de habitantes y detener así su declinante índice de natalidad.
