Agua para todos
En el invierno con la pluviometría más alta de los últimos 40 años, las calles de Madrid, como antes las de Barcelona o Zaragoza, se llenaron ayer de ciudadanos clamando contra el proyecto de trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional. Paralelamente, estos días se ha producido el desbordamiento de algunos ríos en la mitad norte de España, mientras en el litoral mediterráneo, a excepción de la desembocadura del Ebro, la lluvia ha sido testimonial. Son las dos caras de la moneda.
Si se preguntara a cada uno de los manifestantes contra el plan del Gobierno y el previsto trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos anuales del Ebro a Barcelona y Levante, las respuestas arrojarían un no vehemente. Si se inquiriera además dónde viven y cuál es su aprovechamiento del agua, la mayoría respondería que reside en áreas urbanas y que el agua la utilizan para beberla y lavarse. ¿Qué les induce a manifestarse contra un trasvase de agua excedentaria destinado a cubrir las carencias de los abastecimientos y regadíos de alto rendimiento en unas regiones predesérticas?
Resulta sorprendente cómo un país con una población trasplantada del campo a la ciudad y una irregularidad hídrica extraordinaria ha fundido en su cultura el recuerdo de las sequías rurales con el ecologismo moderno urbano. Los descendientes de quienes tenían que ir a lavar al río apuestan hoy por mantener a la naturaleza y sus recursos libres de toda manipulación, habida cuenta de los excesos cometidos.
El plan hidrológico que presentó el PSOE en 1993 destilaba la cultura tradicional de la ingeniería hidráulica -que tan bien teorizó el inolvidable Juan Benet- basada en la conexión 'solidaria' de las cuencas de ríos abundantes en caudales con las de otros ávidos de recibirlos. Su presentación coincidió con la peor sequía del último siglo. Era difícil asumir la cesión de agua del Tajo hacia el Segura para riegos de socorro, mientras numerosas ciudades manchegas con restricciones veían pasar por el acueducto el agua de su tierra hacia comarcas lejanas y más ricas.
Aznar no tuvo el coraje de presentar un proyecto alternativo en su primera legislatura. Cuando Isabel Tocino quiso intentarlo, el presidente echó marcha atrás ante la proximidad de las elecciones generales. Con el respaldo de la mayoría absoluta y el apoyo de dos comunidades socialistas, Extremadura y Castilla-La Mancha, y tras su aprobación por el Consejo Nacional del Agua, el PP está dispuesto a sacarlo ahora adelante. Pero aprobar un trasvase con el rechazo de tres autonomías (Cataluña, Aragón y el Parlamento de Navarra) por donde transcurre el río cedente no le resultará gratis. El PSOE, por su parte, saca como alternativa un texto en los antípodas del que defendía ocho años antes. En lugar de trasvases, desaladoras, reutilización de aguas residuales y bancos públicos de agua, ¿qué ha cambiado tanto para defender ahora lo contrario de lo que decía cuando gobernaba?
El agua es un recurso escaso, de dominio público y al que todos los ciudadanos tienen derecho. Por ello tiene gran valor económico. El PSOE apuesta por los bancos públicos de agua; el Gobierno, por el mercado. El próximo debate parlamentario es la ocasión de que unos y otros acuerden cómo se regula ese mercado o los mecanismos de funcionamiento de los bancos para que quien ceda el agua reciba su justa compensación. Y también para que despejen las proporciones de oportunismo que hay en sus actuaciones, tan cambiantes, cuando no tenían mayoría absoluta y eran oposición unos y cuando eran Gobierno los otros. El asunto es medular entre los problemas de nuestro país.
