La sombra de la "guerra sucia"
Dieciséis años después de que se condenase a los militares que integraron las tres primeras Juntas Militares de la dictadura, el país todavía vive las consecuencias
Dieciséis años después del juicio a los miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron la República Argentina entre 1976 y 1983, la sombra de la llamada "guerra sucia" todavía está presente en el país. Los nueve jefes militares fueron juzgados por sus responsabilidades en asesinatos y tortura en varios de los miles de casos de víctimas de la dictadura.
El ex dictador Jorge Rafael Videla, en unas declaraciones recogidas en el libro El dictador, aún justificaba recientemente la desaparición forzada de personas -18.000 según la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, 30.000 según las organizaciones humanitarias-, señalando que "la sociedad no hubiera bancado [soportado] los fusilamientos". En esas declaraciones, que posteriormente negó haber realizado, Videla señalaba que en el seno de la Junta Militar "se pensó, en su momento, dar a conocer las listas [de los detenidos-desaparecidos], pero luego se planteó que vendrían "la preguntas que no se pueden responder: quién mató, cómo, dónde".
En el juicio de l985, Videla y el almirante Emilio Massera fueron condenados a cadena perpetua y a inhabilitación de por vida; el teniente general Roberto Viola a 16 años de prisión; el almirante Armando Lambruschini a 8 años de cárcel; y el brigadier general Orlando Agosti a 4 años de prisión. Fueron absueltos el brigadier general Omar Graffigna, el teniente general Leopoldo Galtieri, el almirante Jorge Anaya y el brigadier general Basilio Lami Dozo. Este histórico proceso, uno de los primeros de Latinoamérica en dictar sentencia contra los integrantes de un Gobierno militar, mantuvo al país pendiente de que se hiciese justicia a las víctimas del terror.
Videla y Massera recuperaron la libertad gracias a un indulto firmado por el presidente Carlos Menem en 1990, tres años después de que se promulgaran las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que exculparon a militares de distinta graduación durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Las citadas leyes fueron aprobadas en un clima de presiones sobre el Gobierno y levantamientos de los militares ante la posibilidad de que realizaran centenares de juicios por delitos cometidos durante la dictadura.
Menem, por su pare, afirmó que su decisión de aplicar los indultos, una facultad constitucional del presidente, perseguía "la pacificación nacional". Los jefes militares no recuperaron su grado, pero quedaron canceladas las penas que les fueron impuestas por los tribunales de justicia por delitos de asesinato, secuestro, tortura y estafa.
Massera, conocido como el Almirante Cero , fue apresado ocho años después por orden del juez Bagnasco bajo el cargo de sustracción de menores y supresión de identidad, delitos que no fueron incluidos en el juicio contra los ex comandantes y que para distintos expertos son imprescriptibles. A finales de 1998 se le concedió el beneficio del arresto domiciliario en su apartamento de Buenos Aires y posteriormente fue autorizado a cumplirlo en una residencia situada en el norte del cinturón urbano de la capital. En diciembre de 2000, el ex almirante volvió a ingresar provisionalmente en prisión por haber violado el régimen de arresto domiciliario. Massera integra la lista de 47 ex militares y policías y un civil cuya extradición ha pedido el juez español Baltasar Garzón a la justicia argentina bajo la acusación de genocidio, terrorismo y torturas.
Videla, que fue presidente en los años de mayor intensidad de la llamada "guerra sucia", también permanece en arresto domiciliario.
CRONOLOGÍA
SEPTIEMBRE / 1973: Las elecciones presidenciales dan la victoria a un anciano Juan Domingo Perón, que logra con el 62% de los votos. Perón regresa del exilio español donde permanecía desde que fuera derrocado por el levantamiento militar de 1955.
JULIO / 1974: Nueve meses después de su llegada a la presidencia, Perón muere. Asume el cargo su segunda esposa, María Estela Martínez de Perón, Isabelita, hasta ese día vicepresidenta de la nación. El Gobierno pierde popularidad rápidamente y durante su gestión se produce un descalabro económico galopante mientras se intensifica la ola de violencia en el país entre grupos armados de distinto signo. Uno de ellos, la ultraderechista Triple A, creada y bajo el mando de José López Rega, que controla el ministerio de Bienestar Social y es el hombre de confianza de la viuda de Perón, comete una serie de asesinatos de sindicalistas y dirigentes políticos de la diversos sectores de la izquierda.
24 / MARZO /1976: Las Fuerzas Armadas deponen a Isabelita Perón y una Junta Militar integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Massera y brigadier Orlando Agosti asumen "la conducción del Estado". Videla es designado presidente. La Junta disuelve el Congreso y suspende las actividades políticas y sindicales. Empieza la represión contra los opositores. La viuda de Perón es encarcelada y en junio de l981 viaja al exilio en España.
1977: La Junta desata una cruel ofensiva contra los grupos políticos de oposición y los sindicatos, en una etapa de terror, asesinatos, torturas y desaparición de personas. La Junta restaura la pena de muerte para delitos de terrorismo, subversión y secuestro. En diciembre, se informa de la desaparición de más de 25.000 personas desde la llegada al poder de la Junta.
DICIEMBRE / 1979: Videla sanciona la Ley de Ausencia de Personas por Presunción de Fallecimiento, que permite dar por muertos a los detenidos-desaparecidos sin necesidad de encontrar sus cadáveres. La Junta derogará esta vergonzante ley en una de sus últimas decisiones antes de abandonar el poder.
ABRIL / 1980: La Junta rechaza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Videla acuña la expresión "guerra sucia" para justificar la lucha contra lo que llama "subversión".
MARZO / 1981: El general Roberto Viola sustituye a Videla al frente de la presidencia y promete iniciar el diálogo con la oposición. Permanece un período de sólo ocho meses en el cargo.
DICIEMBRE / 1981: Leopoldo Fortunato Galtieri releva a Viola en la presidencia. La situación económica es insostenible y el pueblo tiene cada vez menos miedo a los militares.
2 / ABRIL / 1982: En un intento de lograr una " unidad nacional" para permanecer en el poder, Galtieri ordena que las Fuerzas Armadas argentinas ocupen las islas Malvinas. Se inicia una guerra con el Reino Unido que termina dos meses más tarde con la derrota argentino. Galtieri pierde el poder y le sustituye el general Reynaldo Bignone, que será quien restablezca la legalidad de los partidos políticos y convoque elecciones.
30 / OCTUBRE / 1983: Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical) alcanza la presidencia. Su mandato no será fácil. En 1984, firma la paz con los británicos y, un año después, pone en marcha un duro plan de estabilización económica para luchar contra la fuerte crisis, iniciada durante el Gobierno peronista y agravada en los años de la dictadura militar. Se da a conocer el informe Nunca más , en el que se documentan casi 9000 casos de desapariciones y se describe las formas de represión directa y clandestina utilizada en los años de la dictadura.
DICIEMBRE / 1985: Se realiza el juicio a los ex comandantes que integraron las tres primeras Juntas Militares de la dictadura. Videla y Massera son condenados a cadena perpetua. El punto de referencia del proceso judicial fue el fiscal general de la Cámara Federal de Apelaciones, Julio César Strassera.
DICIEMBRE / 1986: En diciembre de este año, Alfonsín firma la polémica Ley de Punto Final, que fija un límite temporal a las acciones penales contra militares implicados en casos de represión. Además, se establece un plazo de 60 días para presentar denuncias. Se firman los primeros acuerdos sobre Mercosur.
JUNIO / 1987: Tras el fracaso de una revuelta militar protagonizada por Aldo Rico, el Gobierno de Alfonsín aprueba la Ley de Obediencia Debida, que exculpa a los oficiales de menor graduación acusados de crímenes cometidos durante la dictadura. Las huelgas y movimientos de protesta para reclamar mejoras salariales y sociales se suceden. Aldo Rico aún repite levantamiento en enero de 1988.
MAYO / 1989: El peronista Carlos Menem gana las elecciones presidenciales y llega al poder en medio de un gran proceso hiperinflacionista.
DICIEMBRE / 1990: El presidente Menem indulta a Videla, Massera y el resto de los condenados en l985 en el juicio contra los jefes de la dictadura. Un 70% de los argentinos se manifiesta contrario a esta decisión. Cinco años más tarde, Menem vuelve a ganar las elecciones e inicia su segundo mandato.
OCTUBRE / 1997: El peronismo sale derrotado en las legislativas y se inicia del declive político de la presidencia de Menem, que durante una década en el poder realizó numerosas privatizaciones de empresas del Estado.
MARZO / 1998: El Parlamento deroga las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sin efecto retractivo.
OCTUBRE / 1999: Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y Frente del País Solidario (Frepaso) gana las elecciones presidenciales. Eduardo Duhalde (peronista) y Domigo Cavallo (Acción por la República) obtienen el segundo y tercer lugar respectivamente.
2000: El Gobierno de De la Rúa debe hacer frente a dos huelgas generales en protesta por su reforma laboral (en mayo y junio). Subidas de impuestos y reducción de los salarios de los empleados públicos son algunas de las medidas que el Ejecutivo toma para cumplir con los compromisos de ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI).
OCTUBRE / 2000: El Centro de Estudios Legales y Sociales pide la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en la causa abierta por la apropiación de la hija de una pareja de detenidos-desaparecidos.
MARZO / 2001: El juez Gabriel Cavallo declara inconstitucionales las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
