El TSJA destaca que el 'interés general' obliga a las cajas a la renovación para cumplir así la ley

Esta decisión judicial es un argumento más que se suma a la tesis de que el proyecto de fusión auspiciado por los presidentes de El Monte, Isidoro Beneroso, y Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, estaba al margen de la Ley de Cajas. Aunque esta fusión se ha aplazado después de que el PSOE consiguiera frenarla en la Asamblea General de San Fernando por el incumplimiento de la ley, la doctrina que fija el TSJA es reveladora y desbarata los argumentos que hasta ahora utilizaban las cajas y a los que se han sumado el PP, el PA, los empresarios, CC OO y parte de IU.

La petición de suspensión cautelar fue formulada por el vicepresidente de El Monte José Manuel Hernández, que argumentaba que los nuevos estatutos reducían la representación de los impositores en la entidad. El tribunal señala en el primer punto del auto que el razonamiento de Hernández de que las cajas de Sevilla estaban en un proceso de fusión no es válida. Es más, le dice que utilizar la tesis de la fusión para pedir la suspensión de los estatutos se aleja del 'fin legítimo del pleito'.

En segundo lugar, le reprocha que frente a sus 'genéricas descalificaciones', la Junta de Andalucía ofreció 'sólidas razones' para justificar la aprobación de los estatutos.

En el tercer punto del auto, el más concluyente, el TSJA afirma: 'Por último, desde el punto de vista de los intereses en juego, no podemos dejar de tener en cuenta el interés general y de terceros, incluidos los propios impositores, en el cumplimiento de los plazos previstos por la misma Ley 15/99 [Ley de Cajas], de modo que la suspensión vendría a impedir la renovación de los órganos de gobierno que impone la disposición transitoria segunda de la ley, lo que, necesariamente, ha de venir a distorsionar gravemente el funcionamiento mismo de la caja, con perjuicio, repetimos, para los propios impositores que se dice representar'.

A principios de junio, Hernández, vicepresidente de El Monte en representación de los impositores, envió una carta a todos ellos (unas 400.000 personas) pidiéndoles su apoyo a la fusión de El Monte y San Fernando frente a las 'maniobras que desde ciertas instancias políticas se están promoviendo para forzar los órganos de gobierno de nuestra entidad'. 'Estos movimientos, amén de constituir una intromisión intolerable en el futuro de nuestra caja, plantean un ataque frontal al corazón mismo del proceso de integración iniciado', rezaba la carta de Hernández.

El auto del Tribunal Superior de Justicia tiene fecha del 17 de mayo, casi tres semanas antes del envío de estas misivas.