Los Quince avanzan para que grupos como ETA sean perseguidos igual en toda la UE

Los ministros de Justicia e Interior de la UE dieron ayer en Bruselas un importante espaldarazo a los instrumentos legales que permitirán perseguir y tratar de igual manera en toda Europa a miembros de bandas terroristas como ETA. Los Quince alcanzaron un acuerdo sobre la definición de terrorismo -que está a la espera de la decisión del Parlamento sueco- y sobre el listado de 30 delitos a los que se aplicará la futura orden europea de detención y entrega. Además, España se comprometió a lanzar la creación de una base de datos conjunta sobre visados para atajar la inmigración ilegal.

El Consejo de Ministros cerró un acuerdo político para que la euroorden se aplique sin distinción a los terroristas y a los autores de otros 29 delitos graves. La decisión de cualquier juez de la UE deberá ser cumplida en toda la Unión, de forma que las extradiciones tendrán que hacerse de forma casi automática.

A falta de que el Parlamento sueco refrende el texto, la definición común sobre terrorismo pactada ayer tras limar otras propuestas por la Comisión evitará interpretaciones problemáticas. Se considerará como una infracción de tipo terrorista cualquier acto intencionado que atente gravemente contra un país o una organización internacional, que tenga como objetivo intimidar gravemente a la población, que desestabilice o destruya las estructuras políticas, constitucionales, económicas y sociales de un país u organización internacional, o que por la vía de la destrucción de lugares públicos o privados ponga en riesgo de vidas humanas o produzca pérdidas económicas considerables.

Junto a esta definición, queda por cerrar la fijación de penas mínimas contra los terroristas (el abanico va de 8 a 20 años para los delitos más graves, y de dos a ocho para los menos graves) porque aún deben limarse algunas objeciones expuestas por determinados países a la vista de sus legislaciones nacionales. En su reunión del 6 y 7 de diciembre, los ministros de Interior y Justicia cerrarán definitivamente ambos capítulos y antes de fin de año también debe quedar elaborada la lista de organizaciones terroristas.

Los ministros dieron ayer luz verde a la lista de delitos a los que se aplicará la euroorden, aunque existen algunas reticencias por parte de Italia. Junto al terrorismo, figuran el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el fraude, las actividades de blanqueo y falsificación, cibercriminalidad, crímenes contra el medio ambiente, homicidio voluntario, tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, secuestro y toma de rehenes, racismo y xenofobia y robos organizados o con mano armada. También están los delitos de extorsión de fondos y soborno, estafa, tráfico ilícito de bienes culturales, pirateo de productos, falsificación de documentos administrativos y de medios de pago, tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento, tráfico ilícito de materias nucleares y radiactivas, tráfico de vehículos robados, violación y ayuda a la entrada y estancia irregular.

Los plazos de entrega o extradición de los delincuentes están prácticamente pactados: 10 días cuando no exista oposición; hasta 60 días si hay trámites judiciales o recursos, y 30 más para casos excepcionales. La definición de terrorismo y las sanciones contra los terroristas siguen impidiendo un acuerdo definitivo, aunque los ministros quieren resolverlo todo en su reunión del 6 y 7 de diciembre. Con respecto a la lista de organizaciones terroristas, el Gobierno español insistió ayer ante el Consejo que debe incluirse las 'organizaciones y grupos que apoyan' a ETA.

Por otra parte, el Gobierno español anunció ayer que potenciará bajo su presidencia en la Unión Europea la adopción de medidas comunes para endurecer la concesión de visados y reducir al máximo la entrada ilegal de inmigrantes. Para ello propone crear un banco de visados europeo en el que estén registrados todos los demandantes aceptados y rechazados. También se quiere coordinar mejor el trabajo de las oficinas consulares de los países de la Unión. Según el ministro español de Interior, Mariano Rajoy, 'esto proporcionaría una información muy provechosa a la hora de examinar las solicitudes de una misma persona'. 'No tiene mucho sentido que una persona consiga un visado después de que se le haya denegado en tres consulados', reiteró.