Morir en Holanda
Como ocurriera con la legalización del aborto voluntario o del consumo de algunas drogas, Holanda marca la pauta al convertirse en el primer país del mundo con una ley sobre la eutanasia, que entró en vigor ayer. Los progresos en la medicina, para mantener o alargar la vida, deben llevar también a progresos en la posibilidad de dejar voluntariamente de vivir si la única perspectiva, en caso de enfermedad, es un sufrimiento sin retorno. La exigencia legal de que la decisión esté avalada por el médico habitual trata de evitar que Holanda se convierta en destinatario de enfermos incurables de otros países que se dirijan a aquél para poner término a sus padecimientos.
La minuciosa ley holandesa de 'prueba de petición de terminación de la vida y ayuda al suicidio' parte de dos supuestos básicos: no existe un derecho intrínseco del paciente a la eutanasia ni una obligación del médico a practicarla. El Estado extrema las cautelas respecto a los médicos y a los enfermos, y remite la decisión última a una instancia externa: las comisiones regionales de control. Los mayores de 16 años pueden acogerse a la ley, y a partir de los 12, con autorización de los padres o tutores. En todo caso, el enfermo tiene que haber expresado de forma inequívoca su deseo de morir, y los médicos, considerar que el sufrimiento del paciente es insoportable y sin perspectiva de mejora, unos términos que pueden resultar polémicos, a pesar de que la ley goza de amplio respaldo social después de tres décadas de intensos debates.
En dirección parecida apuntó el tribunal superior de Londres en su reciente fallo en favor de Miss B, la mujer tetrapléjica a la que reconoció el derecho a rechazar el aparato respiratorio que la mantiene con vida. La resolución judicial puede tardar semanas o meses en ser aplicada, en tanto Miss B y sus médicos deciden la forma y el momento en que se suspende el tratamiento. El fallo crea jurisprudencia en el sistema anglosajón, pero pone en evidencia que es mejor disponer de una ley clara, como la que ayer entró en vigor en Holanda, para dar una mayor seguridad jurídica a médicos, enfermos y familiares.
