La UE expulsará en primer lugar a los inmigrantes que hayan cometido delitos

El programa de expulsiones masivas de inmigrantes ilegales acordado en la cumbre europea de Sevilla afectará en primer lugar a los clandestinos que hayan cometido delitos o a quienes hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo. En todo caso, la UE dará prioridad al 'retorno voluntario' de los clandestinos, porque esa opción 'requiere menos esfuerzos administrativos'; es decir, menos costes. El plan incluye la posibilidad de que los Quince empleen medios conjuntos para repatriar en un solo avión a ilegales de diferentes países europeos cuyo destino sea el mismo país de origen o región.

Son ésos algunos de los puntos más destacados del Libro Verde titulado Una política comunitaria de retorno de los residentes ilegales, que fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 11 de abril como documento de base para un programa conjunto de expatriaciones. Ahora, en Sevilla, los líderes de la UE han aprobado poner en marcha ese plan conjunto de expulsiones de acuerdo con el contenido de ese Libro Verde, cuyo autor es el comisario de Justicia e Interior, el portugués Antonio Vitorino. Según estimaciones oficiales, en la UE hay más de tres millones de inmigrantes ilegales y anualmente la cifra se incrementa en otros 500.000.

En el Libro Verde, de 28 páginas, se afirma que 'los nacionales de terceros países que no dispongan de un estatus que les permita quedarse de forma permanente o temporal deben abandonar la UE'. 'Esto es importante para garantizar que no se socave la política de admisión y se respete el Estado de derecho, que es un elemento esencial de un espacio de libertad, seguridad y justicia', agrega. Por eso, se apuesta por la repatriación masiva de ilegales, por 'una política eficaz de retorno'.

Aunque en el documento se admite que puede haber clandestinos a los que se les aplique fórmulas 'de integración o reasentamiento', enseguida se insiste que deben abandonar la Unión quienes hayan entrado de forma ilegal y no hayan regularizado su situación en la UE y que no haya nadie que esté en situación irregular debe permanecer en territorio europeo. Los clandestinos que hayan cometido delitos, y especialmente si han sido condenados, figuran en primer lugar en la lista de candidatos para la expulsión. De acuerdo con las legislaciones nacionales vigentes, recuerda, deben ser expulsadas las personas que 'se convierten en un peligro para la seguridad o el orden público tras haber sido condenadas por delitos graves'.

Asilos denegados

En segundo lugar figuran los demandantes de asilo que o bien han visto rechazadas sus solicitudes o bien lo pidieron por unas circunstancias políticas en su país de origen que ya se han modificado radicalmente. El Libro Verde cita el caso de los Balcanes, pero los líderes europeos se refirieron expresamente a los ciudadanos procedentes de Afganistán, cuya expatriación quiere acelerar ahora la UE una vez que la coalición internacional antiterrorista derribó al Gobierno de los talibanes.

Entre 1999 y 2000, los Gobiernos europeos recibieron 315.000 peticiones de asilo, pero sólo concedieron 27.500. Países como el Reino Unido, Alemania o Bélgica son los que reciben un mayor número de peticiones y ahora son los que más presionan para expatriar a los que no han obtenido el derecho al asilo, la mayoría de los cuales optan por quedarse en Europa de forma irregular.

A la hora de favorecer el retorno voluntario, la Comisión tiene en cuenta también 'las razones humanitarias' y las libertades fundamentales. En este terreno, cita los problemas que pueden derivarse para los niños hijos de clandestinos. 'El retorno forzoso es una limitación muy significativa de la libertad y de la voluntad del individuo', por lo que las normas europeas comunes para las expulsiones 'establecerán la necesidad de un trato adecuado y similar para los residentes ilegales', que se aplicarán desde el momento de la detención hasta el traslado voluntario o forzoso. Antes de concluir el mes de julio, los Gobiernos de la UE deberán enviar a Bruselas sus ideas al respecto y, en octubre, será elaborado el proyecto legal correspondiente.