Palestina no puede acusar a Israel ante la Corte Penal Internacional
Los expertos dicen que el 'status' de los territorios impide una denuncia
La Autoridad Nacional Palestina de Yasir Arafat amenazó con denunciar por crímenes contra la humanidad el ataque israelí del lunes contra un líder de Hamás, que mató a 17 civiles, incluidos 12 niños, ante la Corte Penal Internacional (CPI), operativa desde principios de julio. 'El bombardeo indiscriminado de casas, como sucedió hace pocos días, es un crimen de guerra, premeditado, asesinando desde el poder a sabiendas de que había niños', afirmó ayer Diego López Garrido, portavoz socialista de la Comisión Constitucional, al presentar una proposición de ley para que España adapte su derecho interno al estatuto de la CPI.
Sin embargo, esa 'corte independiente y autónoma', en palabras de Javier Barrero, portavoz de Justicia del grupo parlamentario socialista, no resulta competente en este caso. La inciativa para presentar una demanda ante la CPI puede venir del Estado donde ocurrió el ataque, 'lo que no es el caso de Palestina, pues es un Estado que no ha sido reconocido todavía', analiza Christopher Hall, asesor jurídico de Aministía Internacional. Además, Israel, responsable del bombardeo, no ha ratificado aún el estatuto de la CPI, aunque lo firmó en diciembre de 2000.
Segunda opción: puede ser una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada con una mayoría de nueve votos (sobre 15), incluyendo los de los cincos miembros permanentes. 'De entrada, ningún Estado podría remitir el caso a la Corte, únicamente el Consejo de la ONU', comenta Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional en la UNED.
En cuanto a los particulares, 'lo único que pueden hacer es mandar informaciones al fiscal para que decida iniciar un procedimiento'. Pero 'el fiscal no está elegido aún', precisa Concepción Escobar.
España, que ratificó el estatuto el 24 de octubre de 2000, no contempla en su Código Penal los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y tampoco su imprescriptibilidad. Esas modificaciones 'son aconsejables, no imprescindibles', según Escobar. 'Si, por ejemplo, un español comete uno de los delitos que no tenemos recogidos en nuestro Código Penal, no puede ser juzgado en nuestro territorio y tenemos que mandarlo a la CPI'. El PSOE ha dado un plazo de seis meses al Gobierno para presentar un proyecto de ley de cooperación con la CPI.
