Crisis en el Consejo Nuclear por la negativa de dos consejeros a apoyar a la presidenta
Cruce de cartas entre Estevan Bolea y los dos representantes propuestos por los socialistas
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) atraviesa un periodo crítico desde que se hicieron públicas las deficiencias de seguridad en las centrales de Trillo y Zorita (Guadalajara). Dos de los cinco consejeros se han desmarcado de las actuaciones de la presidenta del organismo, María Teresa Estevan Bolea, a la que acusan de destituir o cambiar de puesto a trabajadores del centro 'sin ninguna prueba' de que hayan filtrado informaciones a la prensa. Estevan Bolea lo niega en una carta, pero insiste en que ha habido informaciones confidenciales que han salido del CSN.
María Teresa Estevan Bolea fue nombrada presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear hace un año. Desde entonces, sus apoyos se han ido mermando. La carta enviada por los dos consejeros propuestos por el PSOE ha dado al traste con la trayectoria de consenso que imperaba en el organismo nuclear. En esa carta, José Ángel Azuara (vicepresidente) y Carmen Martínez Ten acusan a la presidenta de haber 'hecho gala públicamente de desconfianza hacia los trabajadores del Consejo 'cada vez que los medios de comunicación se han hecho eco de algún asunto interno'. En esos casos, prosigue la carta, 'has dado por sentado la existencia de filtraciones, atribuyendo su responsabilidad a un grupo indeterminado de funcionarios del organismo. Esta afirmación [...] ha sido respaldada por tu parte con mucha contundencia, pero sin ninguna prueba', prosiguen.
Cuando aparecieron en la prensa informes confidenciales sobre la seguridad de Zorita y Trillo la presidenta exigió, según dicen estos consejeros, 'el cambio de puesto de trabajo de un técnico' e imputó al director del área 'la responsabilidad sobre la custodia de la información'.
El trabajador trasladado es Eduardo Biurrun, que además es el jefe de la Junta de Personal del CSN. El director de área era Ignacio Lequerica, que dimitió hace unos días y se ha ido a trabajar a la empresa privada.
La presidenta niega en una carta en la que responde a estos consejeros -este periódico ha tratado de hablar con ella, sin éxito, en varias ocasiones- que la medida adoptada con Biurrun sea una destitución, 'sino que forma parte de una reorganización de la Subdirección General de Emergencias'. Con relación a Lequerica, explica que él mismo 'ha presentado su dimisión y llevaba tiempo deseando dejar el CSN e incorporarse a una ingeniería [...] por deseo propio'.
Estevan Bolea rechaza también las desconfianzas hacia el personal técnico que se le imputan y recuerda a los consejeros que han decidido no apoyarla en esas 'actividades y decisiones' que, además de las críticas vertidas hacia ella, no les parezca oportuno recordar 'las consecuencias legales que acarrea el uso indebido de información' por parte de los trabajadores del CSN. E insiste: 'El texto publicado en EL PAÍS el día 10 de julio procedía de un informe -que yo desconocía- y cuyo contenido sólo lo conocían los técnicos del área de Protección Física. Tengo la seguridad de que esos técnicos no enviaron el informe al periódico, pero está claro que alguien del CSN lo remitió, puesto que se publicó', dice.
Hay otros dos consejeros en el CSN, además de los citados y de la presidenta: Julio Barceló, a propuesta de CiU, y Paloma Sendín, propuesta por el PP. Esta última también ha tenido sus diferencias con la presidenta. Estevan Bolea le reprochó supuestamente en una reunión que gastaba mucho dinero en la remodelación de la sala de emergencias y en viajes internacionales. La discusión entre ambas se recogió en las actas del Consejo y todos los trabajadores tuvieron acceso a ella a través de la intranet.
Situación comprometida
Tanto Azuara como Martínez Ten se han desmarcado de las actuaciones de la presidenta porque entienden que 'están llevando al organismo a una situación comprometida'. Su disconformidad no se ha hecho pública ni se ha reflejado en las actas, dicen, 'por prudencia'. Pero la carta sí ha sido enviada también al ministro de Economía, Rodrigo Rato; a la comisión de Economía del Parlamento, y a las secciones sindicales del Consejo. A todos estos destinos ha enviado también la presidenta la carta en la que responde a las acusaciones.
Los consejeros propuestos por el PSOE no han querido hacer declaraciones, pero el partido socialista, a través del responsable de política energética en la Comisión de Economía, Javier García Breva, lamenta 'la desastrosa política informativa de Estevan Bolea y la caza de brujas que ha desatado en el Consejo'. García Breva señala que 'el clima que hay en el CSN podría condicionar decisiones técnicas en una materia delicada como es la seguridad nuclear'. Por ello, pide que dimita Estevan Bolea para que 'se restaure el consenso en el organismo'.
Advertencias de cárcel y de inhabilitación
La desconfianza hacia los trabajadores del Consejo de Seguridad Nuclear de la que se acusa a la presidenta del organismo, María Teresa Estevan Bolea, tuvo su capítulo más ácido cuando la prensa publicó informes elaborados por el CSN sobre la seguridad nuclear de las centrales de Zorita y Trillo.
En ambas ocasiones salieron a la luz no sólo las deficiencias de estas centrales sino también las notas de prensa que el CSN había enviado días atrás, incluso al Parlamento, en las que poco o nada decía de los problemas hallados.
A raíz de aquello el secretario general del Consejo envió una carta a los trabajadores del organismo en la que se les advertía de 'las gravísimas consecuencias disciplinarias' de la difusión de informes internos. Consecuencias que podían acarrear penas de cárcel 'de uno a tres años' o de inhabilitación para empleo o cargo público.
Los consejeros propuestos por el PSOE, José Ángel Azuara y Carmen Martínez Ten, le recuerdan en su carta a Estevan Bolea que durante el mandato de anteriores presidentes también 'se han publicado informes internos en los medios de comunicación, pero nunca hasta ahora las noticias de prensa habían servido de base para tomar decisiones relativas al traslado o destitución de personal, imponer traslados o colgar en la página web una recopilación de las responsabilidades legales en las que incurren quienes manejan indebidamente la información del CSN'.
Esa actitud, le reprochan, es 'muestra de un talante y unos criterios de gestión que no se pueden compartir'. Creen que el modelo de gestión que debe presidir el organismo tiene que 'perseguir la participación del personal y no cuestionar permanentemente su profesionalidad y lealtad'.
La situación que vive en estos momentos el Consejo ha causado gran preocupación en el PSOE, que insiste en la dimisión de la actual presidenta cuando lleva sólo un año de un mandato de seis.
La responsable socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pidió además que cambie la legislación: 'La ley de seguridad nuclear es de 1980 y la de energía de 1964. Es necesario este cambio para adaptarnos a las nuevas tecnologías y para fortalecer la autonomía del Consejo'.
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