El Pacto de Toledo aboga por una revisión de la pensión de viudedad
Los partidos debaten elevar los años para el cálculo de la pensión
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo aboga por una "revisión general" de la pensión de viudedad para dar una "cobertura suficiente". Así consta en el borrador que los grupos políticos debaten y que propone un libro blanco para crear un sistema de protección a las personas dependientes. También estudian recomendar que se tenga en cuenta elevar el esfuerzo de cotización para calcular las futuras pensiones.
El informe de 85 páginas ha sido elaborado por la portavoz de CiU en la comisión del Pacto de Toledo, Inma Riera, y revisado por Trabajo. Ayer fue entregado a los portavoces de los grupos para abordar el debate de cara a renovar el acuerdo logrado en 1995, aunque todavía tienen que limar discrepancias.
El texto recomienda la "eliminación progresiva de los requisitos que condicionan el acceso a la pensión de viudedad, que en la práctica desvincula su percepción de una situación de necesidad". Ante las "disfunciones y contradicciones" observadas en los casos de separaciones, nulidades y divorcios, defiende vincular estas prestaciones a "situaciones de necesidad económica".
El informe indica la conveniencia de reforzar el "principio de contributividad": que las pensiones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Tras explicar que las nuevas carreras profesionales no se parecen a las de los ya jubilados, que tenían las mejores cotizaciones al final de su vida laboral, recomienda "un sistema que, de forma gradual, tenga en cuenta todo el esfuerzo de cotización para el cálculo de las pensiones" futuras, siguiendo el camino emprendido en 1985 y 1997 de pasar de 2 a 8 años y de 8 a 15 años el periodo de cálculo. También llama la atención sobre la nuevas realidades laborales y que se estudie la situación de los trabajadores a tiempo parcial y temporales.
Protección a la dependencia
La comisión cree que ciertas tareas como la atención a personas mayores, discapacitados, menores o enfermos, que hasta ahora realizan preferentemente las mujeres, pasen a ser responsabilidad pública, "con el consecuente incremento del gasto social". En esa línea insta al Gobierno a crear un grupo de trabajo para elaborar un Libro Blanco sobre Dependencia que recoja "las posibles alternativas para su protección, teniendo en cuenta que sería preferible la elaboración de un sistema mixto", con "la implicación de las Administraciones Públicas y del sector privado".
Otras recomendaciones son: el incremento de prestaciones o la bajada de cotizaciones deben ir acompañados de un estudio de viabilidad que garantice "a medio y largo plazo, la sostenibilidad del sistema"; la integración de regímenes de la Seguridad Social hasta constituir dos grandes bloques, uno de asalariados y otro de trabajadores por cuenta propia; estudiar la situación de regímenes como el de autónomos en los cuales la cotización mayoritaria sigue efectuándose sobre bases mínimas, y adecuar las bases de cotización a los salarios realmente percibidos.
Junto a ello, defiende "dotar de estabilidad y garantizar la neutralidad del sistema de previsión social complementaria; regular un seguro de dependencia de carácter privado; y potenciar los sistemas complementarios de la Seguridad Social en el marco de la negociación colectiva".
