Guerra y elecciones, o los riesgos de votar en Callosa de Segura
Finalmente terminó la guerra de Irak y se despejaron las dudas acerca del impacto electoral de la política del Gobierno de la nación con respecto a la misma. Dejando de lado a Cataluña y, sobre todo, al País Vasco, que merecerían un análisis más fino, puede decirse que ese impacto ha sido prácticamente nulo.
Este hecho puede ser decepcionante pero no es incomprensible. El rechazo de algo tan inhumano como es la guerra es, en la mayoría de los casos, el acto reflejo que provoca una herida de la sensibilidad moral. Resulta ilusorio esperar que, por sí mismo, se convierta en un principio de una acción política coherente. El No a la guerra, máxime cuando se puede alegar que ésta ya se ha ganado, no basta para generar un programa de gobierno. Ni municipal, ni autonómico, ni nacional.
La lección teórica a aprender de todo esto parece bastante elemental: las relaciones entre ética y política no son nada simples, y mal que les pese a algunos moralistas edificantes, la segunda parece gozar de una amplia autonomía con respeto a la primera. Podríamos deplorar que el mundo sea así, pero mejor haría quien aspire a mejorar el mundo en tener en cuenta cómo es.
No obstante, lo que ha acontecido en los tres últimos meses en España se presta a otro tipo de reflexión más inquietante. Lo ilustraré con un caso que, a mi entender, trasciende la categoría de la anécdota. El domingo 25 una ciudadana que pretendía ejercer su derecho al voto en Callosa de Segura luciendo una pegatina con un No a la guerra, fue conminada por una presidenta de mesa, primero, y por la Policía Local, después, a abandonar el colegio electoral y, ya en la calle, a desprenderse de su emblema antibelicista.
Sin entrar a prejuzgar si nos encontramos ante un caso flagrante de coacción y de conculcación de derechos tan fundamentales como el de la libertad de expresión y al voto, algo que en todo caso debería dilucidar la justicia ordinaria, entiendo que este incidente es un reflejo del clima de autoritarismo e intolerancia que, cual bochornoso anticiclón, corremos el riesgo de que se instale sobre nuestro país.
Por si no lo sabía ya, el Gobierno ha constatado en la práctica que se puede obtener un refrendo electoral incluso haciendo una política puntualmente divorciada de la inmensa mayoría de la opinión pública, y es muy fácil en estas circunstancias, desde la ilusión de inmunidad y omnipotencia, caer en la tentación de practicar una democracia autoritaria que estigmatice toda discrepancia. Aquel extraño amago de una ley contra el derrotismo, o la vergonzosa apropiación exclusivista durante la campaña de la Constitución y de la unidad del Estado, son sólo algunos de los síntomas evidentes de lo que quiero apuntar.
La izquierda que, se quiera o no, desde el colapso teórico y práctico del marxismo anda escasa de referentes teóricos, haría bien en mirar a su propia historia en nuestro país. En su defensa de las libertades colectivas e individuales puede encontrar una seña de identidad que la distinga tajantemente de una derecha que en el siglo XX fue por demasiado tiempo cómplice de una dictadura infame. Su obligación es no dejar en el desamparo, ni político ni jurídico, a aquellos ciudadanos y ciudadanas que, como la arriesgada votante de Callosa de Segura, defienden con el ejercicio de su libertad la libertad de todos.
Ojalá el Partido Popular disipara los temores que más arriba he manifestado. Si quiere hacerlo podría empezar por utilizar su recién estrenada mayoría absoluta en ese municipio alicantino para abrir una investigación y depurar responsabilidades entre la Policía Local del mismo. Mientras tanto, más valdrá que la opinión pública se mantenga alerta. Lo que está en juego es algo mucho más importante que un mero resultado electoral.
Vicente Sanfélix Vidarte es profesor de la Universitat de València.
