El primer fiscal del 'caso Brouard' dice que el Cesid desbarató el arresto de los asesinos
La presunta participación de los servicios de inteligencia del Estado en el crimen de Santiago Brouard ha aparecido en varias ocasiones durante la instrucción de la causa por el asesinato del dirigente de HB en noviembre de 1984. El primer fiscal del caso, Emilio Valerio, reiteró ayer, ante el tribunal que juzga al ex policía José Amedo, el ex teniente coronel Rafael Masa y el industrial Luis Morcillo por este asesinato, las dos convicciones que ha mantenido estos 19 años.
Valerio declaró que los aparatos del Estado participaron, a través de un "infiltrado", en la reunión en Madrid donde se decidió el atentado y que los servicios de Información del antiguo Cesid o de la Guardia Civil desbarataron la operación para detener a los asesinos que estaba en marcha a finales de noviembre de 1984. El comisario del caso, Antonio Rosino, la había montado gracias a la información de un confidente. Valerio opina que alguien perteneciente a esos aparatos del Estado "espantó" al confidente.
Su declaración de ayer fue bastante coincidente con la prestada la víspera por Rosino. Reiteró sus sospechas, basadas en lo que le contaba el comisario, de que una de las personas que decidió "colapsar la investigación" para evitar que fueran detenidos los mercenarios fue el ex comisario general del Información Jesús Martínez Torres.
Informes del servicio secreto
Valerio volvió a declarar que existen en "alguna división del Cesid" varios informes sobre el caso Brouard. En uno de ellos "se localiza el despacho del doctor Brouard, con las vías de entrada y salida", otro indica que "los autores venían de Madrid", "el recorrido que hicieron los mismos hasta que salieron de Bilbao hacia Santander" y otro más "refleja la ejecución material".
Con la información que Rosino les trasladaba semanalmente tanto a él como al primer juez del caso, Valerio elevó a ministerios y Fuerzas de Seguridad varios oficios pidiendo información sobre esas posibles implicaciones, lo que, en palabras del letrado de la acusación particular, Txema Montero, "encendió todas las luces rojas del sistema".
Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, declaró en septiembre de 1999 al juez Baltasar Garzón dentro de la investigación por un atentado de los GAL que "tiene constancia" de que en el Area de Involución del Cesid "existen informes sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el asesinato". Sancristóbal fue procesado en la reapertura de este sumario como cerebro del crimen y por financiarlo con fondos reservados, y luego exculpado. El juez del caso Brouard preguntó, a petición de Montero, en mayo de 2000 al entonces director del Cesid, Javier Calderón, sobre esos informes. "No constan expedientes abiertos ni información" del asesinato, le contestó Calderón, quien declarará en esta vista el próximo lunes.
