La fiscalía de Madrid pide el registro de la sede del promotor Bravo por la 'trama de Alcorcón'

La fiscalía de Madrid ha solicitado al juez que ordene a la Guardia Civil un registro de la sede empresarial de los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual, en relación con la supuesta trama de especulación inmobiliaria para hacer un negocio en Alcorcón de 6.000 millones de euros (un billón de pesetas). De ella también forma parte, según el fiscal, el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga (del PP), su concejal de Hacienda, un arquitecto y cinco propietarios de suelo, entre ellos Bravo y Vázquez, quienes ayudaron al diputado tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo.

La trama inmobiliaria arranca, según el relato del fiscal, Emilio Valerio, de la victoria del Partido Popular en las elecciones municipales de Alcorcón de mayo de 1999. Tras 20 años de gobiernos socialistas, se produce el relevo y la primera decisión importante del PP consiste en cambiar sustancialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón, con la recalificación masiva de terrenos en el norte de la localidad para levantar más de 34.000 viviendas, la mayoría de precio libre.

En esa operación, el fiscal atribuye al alcalde de la localidad Pablo Zúñiga una participación activa en connivencia con un arquitecto al que contrata, evitando a los funcionarios municipales, y los propietarios de suelo.

Para poder probar que en esta operación urbanística -nunca aprobada por la Comunidad de Madrid pese a que se presentó hasta en cuatro ocasiones ante la comisión regional de Urbanismo- se han cometido los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales e información privilegiada, el fiscal pide al juez que ordene a la Unidad Económica de la Guardia Civil una serie de registros.

Recalificaciones

Entre ellos, el fiscal solicita la "intervención de toda la documentación técnica y escrita", en la sede de Vaz Inversora e Inmobiliaria, cuyos consejeros son Bravo y Vázquez, "relativa a las recalificaciones efectuadas en Alcorcón, así como la documentación financiera o contable en cuanto a los ingresos, gastos y aportaciones que aparezcan vinculados a las citadas recalificaciones".

El fiscal sostiene que Bravo y Vázquez compraron terrenos en una zona rústica de Alcorcón, a sabiendas de que se iba a producir una recalificación que les permitiría construir cientos de viviendas.

El fiscal también solicita el registro de las oficinas de las empresas propiedad de Leopoldo Arnaiz, arquitecto que trabajó para el Ayuntamiento de Alcorcón en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y que, según el fiscal, también trabajó para los propietarios privados de suelo.

Esta doble vinculación supondría que Arnaiz beneficiaba a los propietarios privados de suelo, sus clientes, al diseñar el Plan General de Alcorcón para el ayuntamiento de esa localidad, su otro cliente.

El fiscal pide también que la Agencia Tributaria designe un perito que investigue la situación fiscal de Arnaiz entre los años 2000 y 2003, durante los cuales se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Alcorcón la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y la recalificación masiva de terrenos rústicos. La Agencia Tributaria debería investigar, según el escrito del fiscal, los ingresos percibidos por las sociedades de Leopoldo Arnaiz que pudieran tener su origen en los propietarios de los terrenos, entre ellos los constructores Vázquez y Bravo.

El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, asegura que no conoce a Francisco Bravo y que a Francisco Vázquez le ha visto en alguna ocasión, ya que es vecino de Alcorcón. "Es aberrante que se presente ahora una querella de este calibre. Esto no responde más que a intereses y razones políticas para acusarnos de cosas que no tienen ningún sentido".

Francisco Bravo es afiliado del Partido Popular por el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón, donde tiene múltiples negocios inmobiliarios. Se afilió, junto a su tío y a otros familiares, a principios de 2002, justo antes de la celebración de un congreso local que dio la presidencia del partido en la localidad a la actual alcaldesa, Nieves García Nieto.

El mismo Bravo, afiliado al PP, intentó convencer al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, para evitar que el PSOE ganara la alcaldía de Sevilla La Nueva. Para conseguirlo, proponía Bravo que gobernase Juan Antonio Teresa, un concejal que el PP había expulsado y al que el Fiscal de Medio Ambiente implicaba en un caso de corrupción.