Programa, programa
Repasando lo que prometen los programas electorales sobre el marco televisivo catalán, desde los más someros a los más detallados, uno lo suscribiría casi todo. Garantizar la pluralidad, reformar y reforzar la autoridad del Consejo del Audiovisual de Cataluña, que la radiotelevisión catalana empuje la industria audiovisual, consolidar el mapa de medios locales, etcétera. Pero los partidos han demostrado que una cosa son las suntuosas proclamas sobre una televisión pública independiente y otra, muy distinta, es ponerse manos a la obra. En las dos últimas legislaturas lo han intentado dos veces sin resultados. En la que se inauguraba en 1995, los cuatro partidos en la oposición planearon el ataque, pero flaqueó la Esquerra de Àngel Colom. Cuatro años más tarde, con CiU sin mayoría absoluta y habiendo perdido en votos, el resto de los partidos volvieron a la carga. Se tenía que transformar el marco jurídico del audiovisual y fue el primer asunto que llegó al Parlament tras la investidura. Una de las leyes debía regular TV-3 y cambiar, entre otros grandes detalles, el nombramiento de su director general, potestad del presidente de la Generalitat. Poco a poco se fue difuminando aquella concordia y del gran alboroto inicial apenas salió la creación de un débil CAC. Ahora el PSC propone revisar la ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) para garantizar su independencia y un contrato programa para liquidar la deuda acumulada. ERC, para "blindar la independencia" de la CCRTV, sugiere, entre otras medidas, un nuevo sistema de elección de directivos. El PP plantea "gestores con plena independencia y un régimen riguroso de incompatibilidades" y, en TV-3, una financiación pública de los programas de utilidad social y restringir la publicidad a los espacios comerciales, que no deberían superar un tercio de la programación. Ya veremos quién se acuerda de todo eso después del 16-N.
Mas considera que el nombramiento del director general ha de seguir siendo potestad del presidente de la Generalitat porque el Gobierno es responsable de lo que haga la radiotelevisión.
