Iberdrola rompe la baraja

Iberdrola ha roto la complicidad que mantenían eléctricas, patronales y Gobierno sobre el grado de cumplimiento, más bien de incumplimiento, del protocolo de la UE sobre reducción de emisiones de CO2 y sobre el modo de minimizar su coste. El grupo vasco pide el cumplimiento de un compromiso en el que ve una oportunidad para debilitar a sus competidoras y arrebatarles cuota.

El reparto de cuotas y derechos de contaminación entre las eléctricas va a tener repercusiones sobre sus cuentas de resultados y calificaciones de riesgo

"Irresponsable" es lo más bonito que le llaman en privado sus colegas al consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. La eléctrica vasca ha roto la complicidad que mantenían empresarios, patronales y Administración sobre el grado de cumplimiento, más bien de incumplimiento, del compromiso contraído por España en la UE sobre reducción de sus emisiones de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera. ¿Qué ha dicho Iberdrola? Simplemente que es posible aún, y además conveniente, que las eléctricas españolas cumplan con ese compromiso. Pero Iberdrola no es una hermanita de la caridad ni su consejero delegado un santo de la devoción de organizaciones ecologistas. Tampoco lo son sus indignadas competidoras. Más allá del respeto al medio ambiente, hay mucho dinero e intereses en juego en esta partida.

Sobre el tapete, y como problema de fondo, está el hecho de que España se comprometió en la UE, en el protocolo de aplicación de los acuerdos de Kioto de 1999, a limitar el incremento de sus emisiones de CO2 en 2012 a un 15% sobre sus cifras de 1990 y que a fecha de hoy ya registra un aumento de emisiones del 35%. Además, el Gobierno tiene que repartir sus cuotas de emisión de este gas entre empresas e instaciones antes de abril, y someter el plan de distribución a la conformidad de Bruselas, con vistas al futuro mercado de derechos de contaminación (un mecanismo previsto por la UE para facilitar a las empresas la compra o la venta de estos derechos en función de la mayor o menor reducción sobre el volumen de emisiones que se les haya atribuido).

¿Qué subyace detrás de esta situación y de estas reglas de juego? Un coste probable de miles de millones de euros para la economía española y de decenas de millones para algunas empresas. Dada la progresión en nuestras emisiones de CO2, y el precio que se baraja para los derechos de contaminación, más de 2.000 millones anuales en 2010, según estimaciones de KConsulting.

Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, que es la quinta eléctrica más contaminante de Europa, afirma que, "para cumplir de manera estricta y simultánea con el compromiso de Kioto y los objetivos de convergencia con la UE en términos de PIB per capita, España debería o bien reducir sus emisiones por unidad de PIB en un 40% desde ahora hasta 2012, situándose así por debajo de las emisiones por habitante medias de la UE, objetivo que resulta materialmente irrealizable dada la estructura de su balance energético, o bien adquirir a otros países derechos de emisión que los expertos estiman hoy en un importe de entre 1.500 y 3.000 millones anuales. Esto último supondría tanto como devolver a ciertos países una parte esencial de los fondos estructurales recibidos por España para asegurar la cohesión social europea y la convergencia real".

Una mala negociación

Una tesis compartida por otras eléctricas y por las patronales y que revela, aunque se evite criticar al Gobierno, que se negoció mal la adaptación a Kioto. Primero, porque se partió de cifras absolutas de emisión de CO2 y no de emisiones por habitante. Y segundo, porque no se contempló el que España creciese, como lo ha hecho, por encima de la media de la UE (hay una relación del 1,4 entre crecimiento del PIB y aumento de emisiones de CO2). Es decir, que España, por el mayor crecimiento de su PIB, ha aumentado sus dificultades para cumplir con Kioto, mientras que países como Alemania las han disminuido.

José Luis del Valle, director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola, señala, sin embargo, que las eléctricas, responsables del 30% de las emisiones de dióxido de carbono, pueden y deben cumplir con Kioto y hacerlo con costes y ajustes razonables. Sólo hay que cumplir el Plan Energético Nacional, dice, y sustituir con centrales menos contaminantes el excesivo peso de las de carbón en la producción. "Ha habido tiempo para adaptarse y en Iberdrola hemos hecho los deberes. Otros no, y ahí está el problema". Lo que no puede aceptarse, agrega, es la creación de una especie de pool de la industria como quieren esas eléctricas para repartir entre todos los costes de su desidia. "Además, Bruselas no va a aceptar que se incentive a las empresas más contaminantes".

Un toque de atención al Gobierno ante el próximo reparto de cuotas y derechos de contaminación, en suma, y un torpedo en la línea de flotación de las demás eléctricas y en especial de Endesa. Este grupo decidió en junio incrementar su inversión en centrales de carbón, algunas de ellas con carbón importado, que es más económico que el nacional, para asegurarse el mantenimiento de su liderazgo en generación eléctrica.

Fuentes de Unión Fenosa, que es el tercer grupo español y que obtiene el 53% de su producción del carbón, explican que la propuesta de su grupo para la aplicación de la directiva de emisiones es la de que "debe evitar variaciones sensibles en el precio de la energía" y "eludir que las empresas con fuentes de energía no implicadas se beneficien de una forma no justificada del proceso". "La decisión final tiene que suponer un mínimo coste para la economía española. En la primera fase (2005-2007) las asignaciones de derechos deben ser suficientes para que no sufran ni la economía ni el sistema eléctrico español. El carbón es un combustible muy importante para la seguridad del abastecimiento de las plantas generadoras, y, en consecuencia, la fórmula que al final se aplique tiene que suponer un impacto limitado sobre la producción basada en este mineral".

Pugna empresarial

Una postura similar tienen Viesgo e Hidrocantábrico. Según ésta, la asignación de derechos de emisiones "ha de ser suficiente para el mantenimiento del actual mercado de la energía entre todos los agentes que participan en el mismo, que se ha demostrado eficiente en la atención de la demanda energética con el menor coste posible, al tiempo que asegura la estabilidad de precios al consumidor".

Diferencia de criterios, pero sobre todo diferencia de intereses. En Iberdrola, tras los argumentos citados por Del Valle, se vislumbra el interés del grupo en explotar Kioto para debilitar a sus competidores y arrebarles cuota. No en vano su producción procede de centrales hidráulicas, ciclos combinados y renovables.

Es una postura profundamente insolidaria con los intereses del país, y además falsa, señalan sus competidoras. En primer lugar, porque las centrales de ciclo combinado también emiten CO2, funcionan con gas, que tiene precios más volátiles y elevados que el carbón (lo que repercute en la competitividad), y además aumentan la dependencia española del abastecimiento energético externo. En segundo lugar, agregan, porque la participación hidroeléctrica en la producción debe ser limitada en un país con frecuentes sequías. Y por último, señalan, las energias renovables también tiene limitaciones técnicas y económicas, presentan problemas de volatilidad en el suministro, dependen de las horas de viento o de sol, y su desarrollo hasta hoy está siendo posible gracias a fuertes subvenciones.

La postura de Iberdrola ha sido recibida como una agresión en toda regla por Endesa, UF, Hidrocantábrico y Viesgo, ha abierto una fractura en la hasta ahora monolítica patronal eléctrica, Unesa, y ha colocado en un situación muy incomoda a la CEOE y a la Administración. Rompe una estrategia compartida para limitar daños por el incumplimiento en la aplicación de los acuerdos de Kioto.

Las eléctricas, en concreto, que temen su incidencia en sus cuentas de resultados y en sus calificaciones de riesgo, abogan por que se tengan en cuenta los derechos históricos a la hora de conceder cuotas, como ya ha hecho Italia, por mantener en la medida de lo posible el actual mix (combinación de fuentes) de producción y "esperar y ver qué pasa con los compromisos de otros países en el periodo de prueba 2005-2008".