Las asociaciones judiciales se muestran divididas ante la propuesta
Las asociaciones judiciales se manifestaron ayer opiniones diferenciadas respecto a la propuesta del PSOE para que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas sean la última instancia procesal en su ámbito territorial y que el Tribunal Supremo se limite a ser un órgano unificador de doctrina en caso de sentencias contradictorias.
Este último punto supone para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, mayoritaria y conservadora), José Manuel Suárez, una "degradación" de su función unificadora de doctrina por lo que "no se adapta a los preceptos que establece la Constitución". "Yo no veo ninguna diferencia [entre la propuesta del PSOE] y lo que ya existe hoy en día", dijo Suárez, quien recordó que a finales del año pasado se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la doble instancia penal.
Asimismo, explicó que un acto dictado por un gobierno autonómico no puede llegar al Tribunal Supremo, porque el control normal le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma. "Salvo que se trate de la aprobación de una ley autonómica. En ese caso, lo que cabe es ir al Tribunal Constitucional", añadió el portavoz de la APM.
La asociación judicial Francisco de Vitoria (moderada) considera que el programa de Justicia del PSOE no es "contradictoria ni fuera de lugar", pues los tribunales superiores de las comunidades ya son ya la última instancia actualmente en lo relativo al derecho autonómico. El portavoz de la Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, explicó que el planteamiento incluido en el programa electoral del PSOE es "absolutamente coherente" con la legislación actual. Concluyó que "la propuesta es novedosa porque supone generalizar algo que ya está sucediendo en el campo del derecho autonómico, pero no me parece contradictoria ni fuera de lugar".
"Perfectamente válida"
Finalmente, Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia (progresista), estimó que la del PSOE es una propuesta "perfectamente válida siempre que se asegure la unificación de doctrina mediante el recurso de casación" e "igual de razonable que cualquier otra".
En este sentido, recordó que el artículo 152 de la Constitución dice que los tribunales superiores, "sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma". Por ello, añadió que mientras se asegure que "una misma norma no se aplicará de forma muy diferente" en las diferentes autonomías el modelo le parecerá "bien".
Por su parte, José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, consideró "irresponsable" que el PSOE mezcle en su programa electoral la necesaria reforma del Tribunal Supremo con las demandas al respecto formulados por los presidentes del País Vasco y Cataluña, Juan José Ibarretxe y Pasqual Maragall, respectivamente.
