Un largo historial de desencuentros entre los dos altos tribunales
La sentencia de la Sala Civil del Supremo es una resolución jurisdiccional recaída en una demanda civil que, sobre el papel, no tiene nada que ver con el largo historial de roces y desencuentros entre el Tribunal Supremo y el Constitucional, aunque es difícil desvincularla de un conflicto que se prolonga desde hace una veintena de años.
El primer encontronazo tuvo lugar en 1984, cuando la Sala de lo Penal del Supremo hizo declarar -por escrito- a los magistrados del Constitucional sobre la filtración de la sentencia de Rumasa. El asunto se archivó sin consecuencias pero marcó el inicio de una larga pugna entre ambos altos tribunales.
En febrero de 1994, la Sala de lo Civil del Supremo acordó elevar al Rey un memorándum para manifestar su "malestar e inquietud", al considerar que el Constitucional había invadido sus funciones al anular una sentencia del Supremo y dejar vigente otra anterior dictada por una Audiencia provincial. Los magistrados de lo Civil salieron en una especie de procesión desde su sala en el Palacio de las Salesas hasta el edificio del Consejo General del Poder Judicial situado enfrente, donde su entonces presidente, Pascual Sala, consiguió desactivar la protesta sin tener que apelar al Jefe del Estado.
El 20 de julio de 1999, el Constitucional anuló la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo que condenó a siete años de cárcel a los dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna por colaboración con el terrorismo y ordenó su excarcelación. La anulación de esa sentencia produjo un fuerte resquemor en el Supremo, que había afrontado un tortuoso proceso en el que hubo que encarcelar uno por uno a los 23 procesados.
En septiembre de 2001, el Constitucional condenó a la revista Lecturas a indemnizar con 60.000 euros a Isabel Preysler, cantidad que, tras otra sentencia anulada por el Constitucional, el Supremo había reducido a 150 euros. Ambos tribunales se cruzaron por escrito durísimos reproches.
