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DISCAPACIDAD | 96>04 OCHO AÑOS DE AZNAR

Apoyo final a un colectivo que soporta barreras y desigualdad

Tras casi siete años sin grandes novedades, el Gobierno del PP apostó por los discapacitados en 2003. Al socaire del Año Europeo de las Personas con Discapacidad,

puso en marcha dos leyes para mejorar la situación de los ciudadanos con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales (unos 3,5 millones padecen alguna minusvalía). Las asociaciones de afectados acogieron satisfechas las nuevas medidas, pese a que se establecen plazos hasta de 17 años para acabar con las barreras de acceso al transporte o a algunos edificios administrativos. El elevado desempleo (sobre todo femenino) se mantiene como uno de los mayores problemas. España es el país de la UE que menos empleo proporciona a los discapacitados.

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El presidente del Gobierno tomó el protagonismo. Fue Aznar quien, en sendos encuentros con afectados, anunció dos leyes específicas para mejorar su situación (protección patrimonial e igualdad de oportunidades). Ambas se aprobaron con celeridad.

La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad busca proteger la situación económica de los ciudadanos con minusvalía (con un grado del 33% o superior) cuando falte su familia. Esta ley, que según los socialistas se orienta a los sectores más pudientes, modifica el derecho sucesorio. Los padres pueden dejar toda la herencia familiar a un hijo discapacitado en detrimento de los demás. Hasta entonces, el Código Civil obligaba a a que los hijos heredaran en condiciones de igualdad al menos una tercera parte de los bienes (la legítima).

Esa norma favorece además la constitución de una reserva en favor de la persona con discapacidad. Los familiares que contribuyan a formar ese patrimonio protegido pueden desgravar las aportaciones. Lo mismo ocurre con las empresas que contribuyan al fondo de un empleado discapacitado o al del hijo minusválidos de un trabajador. La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad consagra el derecho de las personas con minusvalía al acceso universal a bienes y servicios.

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