Las empresas desoyen el Pacto de Toledo y aumentan las prejubilaciones

El Pacto de Toledo (firmado por todos los partidos), la Comisión Europea y la OCDE tienen un mensaje común: es necesario alargar la vida laboral de los trabajadores para afrontar las presiones demográficas. Una recomendación que es desoída por las empresas que han incrementado las prejubilaciones. Durante el pasado año, los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) han aumentado un 14,8%, los perceptores del subsidio para mayores de 52 años han subido un 6,5% y prosigue el goteo de salidas incentivadas en grandes compañías.

La prejubilación, pese a que no tiene reconocimiento formal en las leyes españolas ni aparece en las estadísticas como tal concepto, sí forma parte de la realidad laboral a través de cuatro vías de expulsión del mercado para trabajadores de edad avanzada: a costa de las empresas (banca); una parte pagada por las empresas y otra imputada al Inem (caso de Telefónica); los expedientes de regulación de empleo (con indemnización en función de los años trabajados), y la cuarta a través del despido sin más protección que el seguro de paro para quienes no disponen de otras rentas.

Coste para las arcas públicas

El coste económico recae en las arcas públicas del Inem (subsidios), la Seguridad Social (deja de ingresar cotizaciones) y en los trabajadores que son expulsados sin más ingresos que los de cobertura por desempleo. Ante la inexistencia de cifras oficiales, los expertos estiman en 600.000 los prejubilados que hay en España, el 20% en condiciones muy precarias, y cada año se suman entre 60.000 y 70.000 más. Esa cifra siguió aumentando en 2003.

El subsidio para mayores de 52 años inició una senda ascendente en agosto de 2002 y desde entonces ha aumentado un 9,74%. Diciembre se cerró con 152.000 personas acogidas a él. Se trata de un colectivo formado por expulsados de pymes y empresas en crisis, por despidos individuales y que no han recibido indemnización o no tienen otra clase de rentas. Esos trabajadores quedan con una prestación de desempleo de 403 euros al mes y sus cuotas sociales se ven recortadas a lo que les corresponde como parados. Eso tendrá un acusado impacto en sus futuras pensiones, y en buena parte verán reducidas sus prestaciones como jubilados al mínimo aunque hayan acumulado un elevado periodo de cotización.

Los expedientes de regulación de empleo se redujeron durante el pasado año, pero, por el contrario, se produjo un aumento del 14,8% de los trabajadores afectados por ERE entre enero y noviembre de 2003 respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque no todos son prejubilados, sí lo son en su mayoría, y en general se opta por incluir en las listas de afectados a los de mayor edad.

Hay otra vía de prejubilaciones a partir de los 50 años de edad en grandes empresas con beneficios. A ella ha recurrido la banca para ajustar plantillas tras el proceso de fusiones (SCH, BBVA, Banesto, Popular, Sabadell, Deutsche Bank y Simeón), y otras empresas como Iberdrola, Endesa, Renfe, Telefónica, Hunosa y la minería de la pirita. Estos trabajadores cuentan con una garantía de ingresos hasta la jubilación y las compañías les abonan unas rentas equivalentes entre el 70% y el 80% de cuando estaban en activo. Además, siguen cotizando para no tener merma en sus pensiones futuras a través de un convenio especial con la Seguridad Social.

Se trata de ajustes que entran en colisión con el compromiso que alcanzaron todos los partidos el año pasado en la renovación del Pacto de Toledo, donde recomiendan que se restrinjan al máximo las prejubilaciones cuando se deban a ajustes de plantillas con fines empresariales y que, en caso de que se produzcan, sean costeados exclusivamente por las propias compañías sin recurrir a las arcas de la Seguridad Social.

Una alarma que también lanzó Manuel Pimentel antes de dimitir como minitro de Trabajo sin resolver el tema, así como por la Comisión Europea y la OCDE, que ha reclamado a los gobiernos que frenen esos procesos, y les sugiere que el dinero dedicado a prestaciones sociales y a ayudas para las personas expulsadas anticipadamente del mercado lo inviertan en mantenerlas ocupadas durante más tiempo.