Moncloa reescribe las razones de la guerra

El Gobierno no está dispuesto a dar explicaciones al Parlamento sobre las razones que le llevaron a apoyar la invasión de Irak. Pero ha llegado a la conclusión de que es imposible evitar que la polémica salpique la campaña. Para evitar que cada candidato del PP vaya por libre, Moncloa ha elaborado un documento en el que les instruye sobre los argumentos que justificarían la posición del Ejecutivo.

Curiosamente, el texto no recoge ni una sola declaración de miembros del Gobierno, aunque sí del responsable de la Política Exterior de la UE, Javier Solana, del presidente francés Jacques Chirac, e incluso de la Internacional Socialista.

"A lo largo de toda la crisis de Irak", dice el texto, "el Gobierno español sólo invocó:

Aznar aseguró tener "información de carácter reservado" sobre el arsenal de Irak

- Las afirmaciones contenidas en los informes de los inspectores de la ONU.

- Las obligaciones impuestas a Irak en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En particular, la obligación de demostrar que había dejado de disponer de las armas de destrucción masiva de las que constaba su existencia anterior.

- El interés nacional de España, mejor defendido con una actitud de firmeza frente a toda amenaza y todo quebrantamiento de la legalidad internacional, junto a los países que son aliados y amigos de nuestro país".

En el documento, fechado el pasado lunes, se afirma taxativamente: "Jamás el Gobierno español utilizó como argumento ninguna afirmación contenida en ningún informe de ningún servicio secreto".

Sin embargo, José María Aznar dio a entender que disponía de información de los servicios de inteligencia en sus primeras declaraciones sobre este tema, el 2 de febrero de 2003, a la agencia Europa Press.

"Todos los gobiernos tienen información de carácter reservado", dijo Aznar. "El Gobierno español tiene información, evidentemente, de que el régimen de Sadam Husein supone una amenaza para la paz y la seguridad del mundo y también de España".

Tres meses antes, en noviembre de 2002, el Gobierno remitió por conducto parlamentario al líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, asumiéndolo como propio, el documento de los servicios secretos británicos en el que se aseguraba que el régimen de Sadam podía desplegar armas químicas en 45 minutos.

El 5 de febrero, en su primer debate en el pleno del Congreso, Aznar aludió también a "las relaciones de Sadam Husein con Al Qaeda" y, en particular, las detenciones de 16 argelinos y marroquíes a finales de enero en Cataluña. "Hemos visto hace pocos días en Londres y también, por desgracia, en Barcelona que hay grupos terroristas dispuestos a causar el mayor daño y destrucción posibles y que cuentan con sustancias que podría causar centenares, si no miles, de muertos".

Las detenciones de Cataluña fueron esgrimidas ese mismo día ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, quien presentó las supuestas pruebas de la posesión de armamento prohibido por parte de Irak, que la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio calificó en ese foro de "contundentes".

Sin embargo, todos los detenidos en Cataluña fueron puestos en libertad semanas después tras confirmarse que las sustancias sospechosas que almacenaban eran en realidad productos de limpieza. El propio director del servicio secreto español, Jorge Dezcallar, tanto en una conferencia pública, en septiembre de 2002, como ante la Comisión de Fondos Reservados del Congreso, un año después, puso en duda las supuestas relaciones del régimen de Sadam con la red dirigida por el saudí Osama Bin Laden.

Pero Aznar desoyó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tanto en este punto como en su advertencia, reiterada en varios informes, de que no había pruebas del supuesto arsenal de armas prohibidas de Irak.

Tal como sostiene el argumentario, el Gobierno apoyó la mayoría de sus declaraciones públicas en los informes de la ONU, aunque dándoles una interpretación particular. "Todos sabemos que Sadam tiene armas químicas", dijo Aznar en el Congreso el 5 de febrero, "los informes de enero de 1999 de los inspectores de las Naciones Unidas expulsados de Irak no dejan lugar a dudas: sus arsenales contenían más de 3.000 toneladas de precursores químicos, 300 toneladas de agentes químicos en bruto y 30.000 municiones especiales para la guerra química y biológica".

Sin embargo, el informe de los inspectores (S/1999/94) no decía que Irak tuviera en su poder dichas armas, sino sólo que no había podido verificarse su destrucción. Como explicó el propio jefe de los inspectores, Hans Blix, "decir que Irak no ha rendido cuentas de lo que ha hecho con estas armas no es lo mismo que decir que existan. Puede que existan, puede que no".

El argumentario del Gobierno concluye que "toda la comunidad internacional estaba de acuerdo en que Irak debía ser desarmado.

La disensión en su seno se produjo sobre si se le debía dar más tiempo a los inspectores o no". Es decir, entre quienes decidieron iniciar la guerra (EE UU, Reino Unido y España) y quienes querían darle una oportunidad a la diplomacia.