La Audiencia rechaza los recursos de Botín, Amusátegui y Corcóstegui por las bonificaciones
El Banco Santander reitera que la actuación de sus directivos fue legal y transparente
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional rechazó ayer los recursos presentados por el presidente del Banco Santander, Emilio Botín; el ex copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente Ángel Corcóstegui contra el auto de la juez Teresa Palacios que acordó transformar en procedimiento abreviado las actuaciones contra ellos por las retribuciones percibidas en concepto de bonus, prejubilación y jubilación, cuando los dos últimos dejaron el banco. La juez aprecia delito de administración desleal, y el fiscal pidió el archivo de la causa.
El documento fue notificado únicamente al fiscal Jesús Caballero, quien confirmó el rechazo de los recursos. No obstante, al no haberse notificado la resolución al resto de las partes personadas en el procedimiento, no se conocen los razonamientos en los que se han basado los magistrados para confirmar la resolución de la juez Palacios.
Contra la decisión del tribunal, integrado por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente (presidente), Alfonso Guevara y Carlos Ollero no cabría recurso, por lo que el auto de la juez Palacios ya es firme. Fuentes jurídicas del banco, sin embargo, sostienen que podría haber otras alternativas, en función de cuáles sean los razonamientos jurídicos de la resolución. La magistrada deberá ahora abrir el plazo para que las acusaciones formulen escrito de acusación.
El Santander hizo público ayer un comunicado en el que "reitera su total discrepancia con la decisión en su día adoptada por el Juzgado, toda vez que en las diligencias practicadas quedó acreditado que los hechos investigados fueron actuaciones totalmente legales, transparentes, desarrolladas conforme a los usos y modos mercantiles, verificadas por los auditores y registradas y detalladas en las cuentas anuales, que fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas".
El banco, en su comunicado, insiste también "en que las retribuciones objeto de estas diligencias se ajustaron, en cuanto a su concepto y órgano que las aprobó y fijó, a los Estatutos de la Entidad y a las leyes mercantiles, siguiendo la práctica habitual en todas las sociedades cotizadas españo1as. La legalidad de estas actuaciones ha sido, por lo demás, corroborada por el Ministerio Fiscal, que reiteradamente ha solicitado el sobreseimiento libre y archivo de esta causa".
El fiscal Jesús Caballero, según fuentes de la propia Fiscalía, no formulará escrito de acusación, sino que solicitará el sobreseimiento de las actuaciones. Caballero ya había solicitado el pasado 16 de septiembre el archivo de la causa por entender que las cantidades que recibieron José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui encajaban en el artículo 37 párrafo 4 de los estatutos del banco, pero la magistrada rechazó la petición y a mediados de octubre dictó un auto durísimo, en el que señalaba que los hechos revisten indiciariamente los caracteres de un delito de administración desleal, que se castiga con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión o multa de tanto al triplo del beneficio obtenido.
El auto de la juez detallaba las cantidades percibidas por Amusátegui -bonus de 43,7 millones de euros y siete millones anuales por pensión por jubilación- y Corcóstegui -108 millones de euros por prejubilación- y señalaba que esas cantidades están reflejadas en unos contratos viciados de nulidad que no puede ser subsanada ni por un acuerdo de un Consejo de Administración posterior ni porque la Junta General de Accionistas haya aprobado las cuentas.
Segundo proceso
El caso se inició en noviembre de 2002, cuando la juez Teresa Palacios, que ya tramitaba el caso de las cesiones de crédito en el que también tiene imputado a Botín, admitió a trámite una querella por presunto delito societario presentada por el abogado Francisco Franco Otegui, contra el presidente del Santander y Amusátegui, a los que acusaba de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida de la presidencia del banco. En marzo de 2003, la magistrada acumuló una denuncia formulada ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusaba al propio Botín y al ex vicepresidente Coscóstegui de otro delito societario, consistente en que este último habría percibido más de 110 millones en concepto de prejubilación y jubilación.
Aunque Botín y Amusátegui consiguieron demostrar en el juzgado que las bonificaciones habían sido pactadas en 1999, junto con los acuerdos de fusión del Santander y el Central Hispano, en lugar de agosto de 2001 cuando Amusátegui abandonó el banco como sostenía el querellante, la juez ha mantenido la existencia de delito por considerar que Botín y Amusátegui se extralimitaron en las facultades y funciones que tenían en la sociedad, utilizando fondos de la entidad sin ser propietarios de ella.
