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Reportaje:

Monti contra America S.A.

El 'caso Microsoft' es el último ejemplo del enfrentamiento del comisario europeo con las mayores corporaciones de EE UU

General Electric es el primer grupo industrial del mundo y número uno por beneficios. Microsoft está en el 95% de los mercados del orbe y es número uno por capitalización bursátil. Coca-Cola es sinónimo de Estados Unidos, probablemente la marca más conocida del globo, cuyas latas rojas han aparecido abandonadas en islotes desiertos del Pacífico. En común tienen el ser multinacionales americanas e incuestionables líderes galácticos, y el haberse estrellado contra la Comisión Europea. La última, Microsoft, que esta semana ha sido condenada por Bruselas por aprovechar su posición de cuasi monopolio mundial para ahogar cualquier competencia.

"El que una compañía sea multinacional no nos preocupa", asegura Monti. "Defendemos los intereses del consumidor europeo"
La Comisión ha impuesto a Microsoft una multa de 497 millones de euros, un 8% de su facturación en Europa, Oriente Medio y África
El jefe de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, ha bramado contra la "ridícula exigencia de un Gobierno extranjero"
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La colisión frontal de voluntades y estrategias entre el Ejecutivo comunitario y Microsoft se hizo inevitable, y cinco años de discrepancias alcanzaron su clímax el pasado miércoles. Como siempre ocurre en los grandes momentos, las televisiones tomaron al asalto la normalmente gris y civilizada sala de prensa de la Comisión para ver disparar a Mario Monti, responsable de velar por la Competencia en la Unión, contra el gran Bill Gates, el hombre más rico del mundo, salido de la nada para construir un imperio sin el que hoy no se concebiría el mundo.

General Electric, Coca-Cola, Microsoft... ¿Tiene algo la Comisión contra las multinacionales de EE UU? "En absoluto. El que una compañía sea multinacional o nacional no nos importa lo más mínimo. Ni deberíamos tener en cuenta la nacionalidad de una empresa", responde Monti, visto como un intervencionista totalitario desde el otro lado del Atlántico. "Lo que hacemos es defender los intereses del consumidor europeo".

El comisario pone como ejemplo de la catolicidad de sus actuaciones la multa de 19,7 millones de euros impuesta a la francesa Michelin en 2001 por abusar de su posición dominante en el mercado francés con ánimo de expulsar a sus rivales del mercado. O los 572 millones que obligó a devolver al Estado a la germana Deutsche Post, en 2002, por ofrecer servicios de paquetería a precio inferior al de coste, con lo que pretendía evitar que otros entraran en el negocio. "En el caso de Deustche Post actuamos a petición de UPS, que es americana", subraya Monti.

También fue Pepsi-Cola la que buscó el amparo de la Comisión en 1999 contra presuntas trapacerías de Coca-Cola, acusada de pactar con distribuidores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido la colocación de sus bebidas en lugares de privilegio en las estanterías de los mercados, en detrimento de los líquidos de la competencia. Es un caso que avanza hacia una resolución que algunos medios han adelantado será contraria a la firma de Atlanta.

A un ajuste de cuentas entre compañías de Estados Unidos responde también el último contencioso. Sun Microsystems denunció en 1998 a Microsoft ante la Comisión por negarse a suministrar la información que permitiría dialogar a los programas de sus productos con el entorno de Windows. La subsiguiente investigación de Bruselas reveló que no era Sun la única que había recibido el no de Gates. Ante la sospecha de encontarse sólo con la punta del iceberg, la Comisión decidió en 2000 ampliar la investigación a los efectos de la integración del lector digital Media Player en el omnipresente Windows. Lo descubierto no gustó a Monti. "Microsoft es excluidora por naturaleza, erige barreras artificiales en el mercado con vistas a extraer más beneficios en el futuro. Impide que haya innovaciones que beneficien al consumidor", asegura el comisario.

Cambios en tres meses

Deseoso de restaurar la competitividad en el mercado y favorecer la innovación, Monti recomendó, y la Comisión aceptó, que en un plazo de 120 días Microsoft proporcione a la competencia la información necesaria para que sus productos puedan hablar debidamente con el dominante Windows y que, antes de 90, ofrezca un Windows sin el Media Player. Además, la compañía de Gates deberá pagar una multa de 497 millones de euros. La cantidad supone el 1,62% de la facturación global de Microsoft y el 8% de sus cuentas en el área Europa, norte de África y Oriente Próximo (EMEA). Microsoft hace el 30% de su negocio en Europa.

"No estamos expropiando la propiedad intelectual. Tampoco estamos creando precedentes legales ni en Estados Unidos ni en Europa", dice Monti. "Estamos garantizando simplemente que quien desarrolle un nuevo software tenga la oportunidad de competir en el mercado. Estamos diciendo que los consumidores y los fabricantes de ordenadores deben ser quienes decidan qué reproductor multimedia quieren en sus ordenadores. Ellos deben decidir, no Microsoft".

El caso sigue la estela del planteado en 1997 por el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 20 Estados norteamericanos contra las prácticas monopolizadoras de Microsoft. El asunto quedó medio resuelto en 2002 con un pacto que no ha dado el resultado apetecido. "Hemos sido muy cautos sobre la calidad del proceso de toma de decisiones", explica Monti, con aire defensivo. "No debe ser considerado como un conflicto entre Estados Unidos y Europa. Podíamos haber impuesto medidas de alcance global, pero no lo hemos hecho en deferencia a las autoridades reguladoras de Estados Unidos y de otros países".

El detalle de la deferencia no ha sido apreciado en Washington, donde no ha gustado la nueva intervención de Monti. El jefe de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist, ha bramado contra "la ridícula exigencia de un Gobierno extranjero". El Financial Times publicaba el viernes que al menos 40 congresistas y senadores han criticado la decisión de Monti, y citaba al republicano John Esign: "La decisión de la Comisión costará miles de trabajos aquí, precisamente cuando más los necesitamos".

Ya en verano de 2001, el comisario echó abajo la adquisición de Honeywell por General Electric, una operación 42.000 millones de dólares contra la que nada habían objetado los responsables antimonopolio de Estados Unidos. A la Comisión Europea le pareció que la fusión de los dos grupos americanos acabaría por crear un monopolio de hecho en la fabricación de motores para aviones y exigió condiciones de desinversión que no fueron de recibo para Jack Welch, el mago de la gestión que había llevado a General Electric a la cumbre y pospuso un año su jubilación para rematar la toma de Honeywell. La no aprobación de la operación por Bruselas está recurrida por General Electric ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo.

George Bush manifestó entonces discretamente su desagrado con el tábano de Monti y el senador John Rockefeller amenazó por escrito con represalias en el negocio aeroespacial transatlántico. La sangre no llegó al río. Ahora, desde Washington se alerta sobre el peligro de lo que se interpreta como una estrategia dirigida a proteger a los competidores, en vez de la competencia, que puede terminar en menoscabo de la innovación y perjuicio de los consumidores. "Una verdadera política antimonopolio debe evitar que se frene la innovación y la competencia incluso por compañías dominantes", se leía en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

El razonamiento de Monti es distinto. "Cuando los competidores son expulsados del mercado, hay menos elección, menos innovación y precios más altos", dice el que fuera profesor de Economía antes de ser llamado a Bruselas hace ocho años.

Es un choque cultural. Monti, y por extensión no pocos europeos, "no se sienten nada cómodos con la visión darwinista de la competencia" que es consustancial al american way of life, dice en The Wall Street Journal William Kolasky, que tuviera responsabilidad en la lucha contra los monopolios en el Departamento de Justicia y hoy trabaja en un bufete de Washington especializado en la materia.

Las empresas de Estados Unidos saben que compiten a muerte por el mercado y que el intocable es el consumidor. Es una lucha total en la que vale todo menos perjudicar a quien paga, porque las consecuencias pueden ser onerosísimas. La compañía que fracasa no espera ayuda. En la meca del capitalismo y de la iniciativa privada llama la atención que en Europa suscite alarma la dominación del mercado por un competidor ultra agresivo, en especial si es americano, y que la autoridad reguladora intervenga para evitar que la lucha tenga su resultado natural. Algún comentarista, simplificando hasta la caricatura, mantiene: "Microsoft es un ganador. Y a la Unión Europea no le gustan los ganadores. Punto".

Steve Ballmer, presidente de Microsoft
Steve Ballmer, presidente de Microsoft

El duro trago del Tribunal de Luxemburgo

Microsoft va a recurrir la decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, que dirime las discrepancias entre Bruselas y las compañías. Es un juego de alto riesgo para Mario Monti, que esta vez cree haber tomado todas las medidas para evitar repetición de cuatro embarazosas desautorizaciones previas en casos en los que estaban en juego del orden de los 9.000 millones de euros.

"Confío en que la decisión va a aguantar ante el Tribunal", dice el comisario. Cinco años de investigaciones han ido aquilatando al milímetro el caso

Microsoft, cuya recomendación sancionadora final cuenta con el aval de los representantes antimonopolio de los 15 Gobiernos de la Unión Europea.

"Errores, omisiones y contradicciones en el razonamiento económico de la Comisión" llevaron en octubre de 2002 al Tribunal de Luxemburgo a anular dos decisiones de Monti: el veto a la compra por Schneider Electric de su rival Legrand por 5.400 millones de euros, y la negativa a aceptar que la sueco-suiza Tetra Laval se hiciera con la francesa Sidel a cambio de 1.700 millones. Tras el fallo del tribunal, Tetra Laval optó por consumar la operación, pero Schneider prefirió reclamar daños y perjuicios por 1.500-1.600 millones de euros, la mayor indemnización exigida hasta la fecha a Bruselas.

Monti apenas llevaba seis días al frente de Competencia cuando en 1999 tuvo que anunciar, siguiendo el trabajo de su predecesor, Karel Van Miert, el veto a la fusión de los turoperadores británicos Airtours y FirstChoice por 850 millones de libras. Lo hizo con gusto: los directivos de empresas no iban a ser quienes decidieran sobre fusiones y controles en Europa, dijo. Aquel primer no de Monti fue desautorizado en Luxemburgo en junio de 2002, con lo que el Tribunal ponía fin a 13 años de asentimiento a las decisiones de la Comisión. MyTravel, nuevo nombre de AirTours, reclama ahora a la Comisión 518 millones de libras.

En octubre, el Tribunal de Primera Instancia sentenció que era ilegal la multa de 273 millones de euros que Monti había impuesto a un cartel de 15 navieras porque el grupo no había sido debidamente escuchado por la Comisión. El resultado del anunciado recurso de Microsoft irá siempre asociado a Monti, que antes conocerá el juicio que al Tribunal le merece su veto a la adquisición de Honeywell por General Electric. El primer grupo industrial del mundo defenderá sus razones ante el tribunal a finales de mayo. La sentencia definitiva llegará a finales de año. Monti dejará Bruselas en octubre.

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