Un aparente radical con capacidad negociadora
Es el "ministro canario" que el entonces candidato a La Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió a los enfervorizados asistentes a los mítines de Las Palmas y Tenerife en el ecuador de la campaña electoral.
Del equipo de los más próximos a Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico del PSOE, llega a un ministerio, el de Justicia, que conoce al dedillo por su labor de primer interlocutor del Pacto de Estado por la Justicia con los ministros populares Ángel Acebes y José María Michavila.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de junio de 1961, su currículo universitario es apabullante, plagado todo él de premios extraordinarios de licenciatura en Derecho, de fin de carrera, doctorado por Bolonia o máster en Boston hasta su llegada a la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas en 1993, o sea, a los 32 años.
Pero esa erudición es al propio tiempo uno de sus mayores problemas, ya que López Aguilar habla a borbotones, con una rapidez inusitada y redunda como una ametralladora en toda su exposición. A los periodistas los desespera, por más que los redactores parlamentarios le premiaron en 2002 como "Diputado revelación". Al año siguiente quedó finalista en el de "Castigo a la Prensa". Los informadores califican sus dibujos y caricaturas como de "nivel profesional".
Por contra, da la imagen más juvenil y moderna de todos los ministros de Zapatero, la sonrisa del aparato unida a la seriedad argumental y a una indiscutible capacidad negociadora a dos manos, una por cada teléfono móvil.
La negociación del Pacto de Estado por la Justicia se alcanzó tras cuatro meses de duro trabajo, 23 reuniones oficiales, cientos de llamadas, mensajes de Internet, viajes en avión y encuentros en pasillos y aeropuertos. Pero López Aguilar y su compañero de negociaciones, Javier Barrero, no cedieron hasta conseguir un acuerdo sobre la forma de elección del Consejo del Poder Judicial y sobre otros "mínimos", como la Ley del Jurado, considerados indeclinables por los socialistas.
Aunque en el desarrollo del Pacto se le ha acusado de hacer demasiadas concesiones a los populares, lo cierto es que la política antiterrorista negociada directamente en los últimos años entre Michavila y López Aguilar ha dado innegables frutos para acabar con la kale borroka y reducir al mínimo la capacidad operativa de ETA. Incluso los aspectos más conflictivos, como el máximo de 40 años de cárcel para graves delitos terroristas, aparecen superados por los brutales atentados del 11-M.
La ruptura del Pacto le alejó momentáneamente de la primera fila política, a la que regresa ahora de ministro en el área que mejor conoce, ya que fue asesor de sus predecesores en Justicia, Enrique Mújica y Tomás de la Quadra. Ha trabajado además con Jerónimo Saavedra en Educación y Administraciones Públicas.
