Eficiencia y cohesión
La tercera de las prioridades enunciadas por el candidato a presidente del Gobierno en su discurso de investidura ha sido "la modernización e impulso de nuestra economía, para que el bienestar llegue a todos". En el programa de su partido subyace un diagnóstico fundamental. El patrón de crecimiento de la economía es inadecuado, carente de eficiencia y alejado de la inserción en esa sociedad del conocimiento cuyo desarrollo se ha revelado como la principal fuente de modernización, de fortalecimiento de la competitividad y, en definitiva, de aumento de la renta por habitante en las economías más avanzadas.
Al muy significativo crecimiento del empleo en los últimos años no le ha acompañado ese otro factor determinante del crecimiento económico y esencial para el aumento sostenido del bienestar, la productividad. Y la explicación es la insuficiente inversión en capital tecnológico y humano que, a tenor de la evidencia disponible, se han revelado esenciales en las naciones más prósperas. Ha sido el vigente hasta ahora un patrón de crecimiento cuando menos poco diversificado, como ya muchas instituciones han reconocido, excesivamente dependiente del crecimiento del consumo de las familias y de la singular expansión de la construcción. Las consecuencias no podían ser otras que el mantenimiento durante muchos años de una inflación relativamente elevada y un déficit exterior revelador de la perdida de ventajas competitivas.
El candidato ha señalado las tres guías que van a orientar la política económica: mantenimiento del principio de estabilidad presupuestaria, crecimiento de la productividad y aumento de la cohesión social. Lo que el programa electoral establecía respecto al primero de esos principios, reconocido solemnemente en el discurso como prioritario, era la tendencia al equilibrio entre ingresos y gasto públicos a lo largo del ciclo, en lugar de año a año como establece la Ley de Estabilidad del Gobierno anterior. Un principio tal ha de ser compatible con ese otro "compromiso de igual importancia de no aumentar la presión fiscal global". Ello supone, como de forma expresa admitía el programa electoral, no aumentar la proporción entre el gasto público y el PIB. Todo ello ha de ser compatible con una reforma impositiva, anunciada para el segundo año de la legislatura.
A la materialización del segundo principio, el aumento de la productividad, va dirigida el otro compromiso, el aumento del gasto público en I+D un 25%. Un esfuerzo significativo pero que, dados los niveles tan bajos de partida, todavía seguirá dejando a España entre las naciones más rezagadas (dedica el 1% del PIB) en ese ámbito crucial para el cumplimiento de la Agenda de Lisboa y de la renovación del objetivo en la pasada Cumbre de Barcelona de llegar al 3% del PIB. Menos concreta ha sido la referencia al impulso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, más allá del deseo de "volcarse en las nuevas tecnologías y en el desarrollo y extensión de las telecomunicaciones". La experiencia derivada de otros países y las alertas del reciente Informe de Primavera de la Comisión Europea también justifican esa atención diferenciada a la educación, justamente caracterizada por Zapatero como la "inversión más rentable".
Otros propósitos han sido la racionalización de las infraestructuras, el fomento de las energías alternativas, facilitar el acceso a la vivienda, la atención a la España rural, las políticas de cohesión social... Con excepción de la elevación de las pensiones más bajas y del salario mínimo interprofesional, a 600 euros al final de la legislatura, las especificaciones han sido lógicamente escasas. Razonable es también la intención de afianzar la concertación social y asentar en ella una organización de nuestro mercado de trabajo más acorde con las mayores exigencias competitivas, particularmente explícitas a partir de la próxima ampliación de la UE.
Las prioridades están claras -eficiencia y cohesión social- y no son en modo alguno incompatibles, pero tampoco son conciliables automáticamente, en especial cuando la satisfacción de las muy importantes necesidades de inversión pública en educación y capital humano han de coexistir con exigencias de estabilidad presupuestaria, propias de quienes hace años tienen las necesidades resueltas. Gobernar, lo verificaremos una vez más, es elegir.
