Vivienda, tarea ingente
El Ministerio de la Vivienda, de novísima creación, es sin duda el departamento que carga con el problema más acuciante para la economía de los ciudadanos. Por razones conocidas, que van desde el bajo coste del dinero, que ha animado a las familias a endeudarse en hipotecas, hasta la fuerte presión de la demanda de pisos, parte de la cual procede de inversores extranjeros, los precios de la vivienda en España mantienen tasas de crecimiento anual del 17% y se han situado en niveles inaccesibles para buena parte de la población asalariada.
Las peculiaridades de un mercado fuertemente distorsionado por la escasez de suelo para construir -causada por el manejo interesado de terrenos por parte de los ayuntamientos o por la corrupción consentida de los especuladores- pedían a gritos la aplicación de disposiciones públicas que atenuaran la escalada de los precios o garantizaran la construcción de pisos accesibles para quienes deben acceder a una primera vivienda con salarios reducidos. Durante los últimos ocho años los gobiernos de Aznar se han limitado a observar con indiferencia cómo se hinchaba la burbuja inmobiliaria y a celebrar la buena salud económica de los españoles, que les ha permitido comprar pisos tan caros.
A nadie debe extrañar, pues, la expectación suscitada por la creación de un Ministerio de la Vivienda y por el desarrollo concreto de un anunciado plan de choque para resolver los agobiantes problemas mencionados. Cualquier plan debería descartar intervenciones bruscas en el mercado que pudieran poner en riesgo el patrimonio inmobiliario de las familias; por el contrario, debería actuar en primera instancia sobre el mercado de alquiler, tan raquítico en España. En el programa electoral socialista se recoge el objetivo de aumentar éste desde el 9% actual hasta el 20%. Tiene interés saber cómo se conseguirá este objetivo, que debe aliviar la presión sobre los precios en el mercado de venta y si se constituirá o no -y con qué funciones y procedimientos- la anunciada Agencia Nacional de Alquiler.
No debería olvidarse tampoco el esfuerzo presupuestario requerido para aumentar la construcción de viviendas de protección oficial. En cualquier caso, a la ministra María Antonia Trujillo le espera una tarea política ingente y complicada: ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que ayuden en la aplicación de los planes de actuación.
