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Vertederos nocivos para la salud

Algunos de los nuevos casos por los que la Comisión Europea ha abierto expediente a España se refieren a la mala situación de tres vertederos que, según Bruselas, pueden suponer un peligro para la salud humana, los animales y las plantas. Se trata de los vertederos de Torreblanca-Fuengirola (Málaga), Satalla del Bierzo (León) y Sa Roca (Ibiza).

Los tres están cerrados o a punto de cerrarse, pero la situación en la que se están almacenando las basuras no cumple los requisitos para evitar riesgos de contaminación. El Tribunal Europeo de Justicia condenó a España en 2003 por la mala situación de cinco vertederos. Dos de ellos ya están cerrados, San Lorenzo de Tormes (Ávila) y Campillo (Alicante). Pero los otros tres citados anteriormente no acaban de corregir su situación.

El problema de los vertederos españoles no acaba ahí. Bruselas acaba de lanzar una última advertencia a España sobre otros tres situados en Almería que se encuentran en malas condiciones. Se trata de los de Níjar, Hoyo de Miguel y Cueva del Mojón.

Si Bruselas no recibe una respuesta satisfactoria en dos meses podría llevar el caso al Tribunal de Justicia, como hizo con los otros cinco vertederos. Juan Martínez Sánchez, subdirector del Plan Nacional de Residuos del Ministerio de Medio Ambiente, explica que "la inmensa mayoría de los vertederos ya están cerrados" y que la adecuación total a la normativa "se cumplirá antes de 2006".

Por otro lado, la construcción del aeropuerto de Ciudad Real tiene ya la última advertencia de Bruselas, previa a la denuncia en tribunales. Las autoridades comunitarias consideran que el informe de impacto ambiental no es adecuado y señalan que el futuro aeropuerto está junto a una zona clasificada de protección especial.

Finalmente, la Comisión ha enviado ya dos advertencias a España por no haber notificado cuál será el régimen del comercio de emisiones que pondrá en marcha para que las industrias reduzcan sus gases de efecto invernadero.

El Gobierno está tramitando dicho régimen en forma de decreto-ley para acelerarlo. Fue uno de los compromisos incumplidos del anterior Ejecutivo. Pero Bruselas también ha iniciado otro expediente a España por no presentar antes del 31 de marzo pasado los informes sobre el uso del plaguicida bromuro de metilo (que daña la capa de ozono) en los cultivos comercializados.

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