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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Divorcio directo

El Ministerio de Justicia ultima un anteproyecto de ley sobre disolución matrimonial que presentará al Consejo de Ministros el mes que viene. La principal novedad que incorpora es que la pareja podrá romper su vínculo recurriendo directamente al divorcio, sin pasar por la separación previa. Esto, más la agilización de los trámites, permitirá que aquellos que planteen la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo lo logren en menos de dos meses y aquellos que litiguen lo puedan conseguir en menos de seis. La nueva ley reducirá al máximo o suprimirá la necesidad de que se aduzcan causas para la separación en caso de desacuerdo (ahora se debe apelar al cese de la convivencia, la infidelidad, el alcoholismo).

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Justicia aclara que harán falta al menos dos meses para los divorcios de mutuo acuerdo

La situación actual es insostenible. Los procesos de separación y divorcio han aumentado año a año, hasta llegar en 2003 a casi 127.000 demandas. La cifra es tan elevada porque para divorciarse hay que pasar primero por la separación, lo que contribuye a los atascos en los juzgados de familia y civiles. El absurdo es tan evidente, que hasta los abogados de familia, indirectos beneficiarios de la doble tramitación, llevan años pidiendo el cambio legal. La oposición, incluido el PSOE, planteó la reforma durante la legislatura pasada, a la que se opuso el Partido Popular.

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La Ley de Divorcio lleva 23 años en vigor. Se gestó poco después del golpe de Estado, entre fuertes tensiones generadas sobre todo por algunos sectores de la jerarquía católica, llevadas al Parlamento por la fracción democristiana de la UCD. Fruto de aquellas tensiones fue que la ley sobrevalorara el papel de la separación -única figura aceptada por la Iglesia- y una serie de cautelas que han quedado obsoletas.

El Gobierno debe abordar la reforma con audacia, con el único límite de salvaguardar convenientemente todas las garantías judiciales, tanto para los cónyuges como para los hijos. El cambio social ha sido tan grande en el último cuarto de siglo que sería absurdo que se hicieran concesiones a quienes siguen clamando por el matrimonio indisoluble y la supuesta idílica familia tradicional. Y no debe olvidar a las parejas de hecho, que ya son más de medio millón, cuya separación aún no se ha regulado.

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