Kioto, vigente
El calentamiento global del planeta, el rápido cambio climático inducido por la acción del hombre, se considera el mayor problema medioambiental que se afronta en el siglo XXI. Para atenuarlo, la única acción posible es reducir las emisiones de gases que lo provocan. Ése es precisamente el objetivo del Protocolo de Kioto, que hoy entra en vigor. Por sus implicaciones económicas y políticas, por las reticencias y dudas de los sectores que tienen que protagonizar las principales adaptaciones para contener las emisiones, la puesta en marcha del protocolo se ha retrasado ocho años desde que fue aprobado en 1997.
De momento, el Protocolo de Kioto sólo estipula que los países industrializados deben reducir sus emisones de gases de efecto invernadero durante el periodo de 2008 a 2012. Pero algunos países en desarrollo, como China, India o Brasil, pese a que sus emisiones per cápita son muy bajas por ahora, contemplan perspectivas de crecimiento muy fuertes y las presiones para que emprendan medidas van en aumento. Quieren a cambio ayuda económica y tecnológica.
Muchos sectores económicos que no pensaban hace ocho años que realmente tuvieran que llegar a contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero van aceptando las medidas para contenerlas, sobre todo en la Unión Europea, con normativas de obligado cumplimiento. Los defensores de estas medidas insisten en que no tienen que ser costosas desde el punto de vista del crecimiento económico, porque la eficacia, el ahorro energético y la innovación son elementos asociados a las economías florecientes.
En España, el cumplimiento del Protocolo de Kioto va a ser más arduo que en otros países europeos que empezaron antes a planificar sus actuaciones. La pasividad de los dos gobiernos del PP frente al problema del cambio climático ha agravado la crítica situación actual, con un nivel de emisiones que supera ya en un 30% el nivel máximo al que se comprometió. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha tenido que poner en marcha un plan de choque para, primero, cumplir la normativa de la UE, y después, alcanzar, aunque sea raspando, sus objetivos de Kioto. Es decir, que las emisiones españolas no superen en un 15% el nivel de 1990.
