Imputado por las 'herriko tabernas' y la extorsión a empresarios
Jon Salaberria tenía que declarar ayer en Madrid por su presunta relación con la banda terrorista ETA, delito que le imputó el juez Baltasar Garzón, junto a otros 34 miembros de Batasuna, el pasado mes de enero, y por su relación con la extorsión a empresarios, el pago del llamado impuesto revolucionario.
En el auto de procesamiento, en el que se anunciaba el envío de una exposición razonada, se mencionaba a los aforados contra los que ahora se ha actuado. Así, a Arnaldo Otegi, Garzón lo definía como ex liberado de KAS y miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1998 y 2000, y de la de Batasuna en 2001, mientras que Jon Salaberria era considerado ex responsable de Jarrai y ex liberado de KAS, así como responsable de Ekin. Entre los procesados por Garzón figuran veteranos dirigentes y ex dirigentes de Batasuna, entre ellos Jon Idígoras, Floren Aoiz, José Luis Elkoro y Karmelo Landa.
En el auto de procesamiento, el juez hacía una exposición razonada sobre la participación de Salaberria y Otegi en la estructura de las herriko tabernas, que "fueron diseñadas, creadas, financiadas y dirigidas, a la vez que servían de nutrientes, en efecto retroalimentador de la estructura militar, por la misma ETA, como parte integrante de ella. Los dirigentes de las sucesivas mesas nacionales de Batasuna y de algunas estructuras clandestinas fueron "conscientes", según Garzón, de la subordinación a ETA y aceptaron "la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia".
El juez recordaba que en mayo de 2004 acordó el cierre de las herriko tabernas, y la suspensión de actividades de Batasuna, ilegalizada por sentencia del Tribunal Supremo.
Enaltecer el terrorismo
Además, Salaberria también tenía que declarar por una causa abierta por el pago del impuesto revolucionario, en la que están imputados varios empresarios y las personas que mediaron entre ellos y la banda terrorista.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ya había condenado a Salaberria a un año de cárcel y siete de inhabilitación por el delito de "enaltecimiento de acciones terroristas" de ETA, aunque el Tribunal Supremo lo absolvió de ese delito en diciembre de 2004.
Salaberria había dicho en el Parlamento vasco el 12 de abril de 2002 que Euskadi era "un país militarizado", ya que "las fuerzas armadas españolas y francesas ocupan físicamente 40 millones de metros cuadrados en el País Vasco", y que "la lucha armada de ETA responde a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco".
La sentencia del Supremo recordaba que las opiniones manifestadas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones son inviolables, por lo que absolvía a Salaberria.
