Zapatero tildó de "intolerable" el relevo de Bermejo y Villarejo
El Gobierno del PP aprobó en marzo de 2003 la reforma del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal con los votos a favor de CiU, PNV y CC. Esa reforma limitaba a cinco años el mandato de los fiscales jefe, que podían continuar en el cargo si el fiscal general del Estado proponía su renovación al Ministerio de Justicia. Con esa reforma, el PP sustituyó al fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo. Cuando se produjo su relevo, apoyado por el Consejo Fiscal, ambos investigaban tramas supuestamente delictivas que afectaban a cargos del PP. El ahora presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, amenazó con romper el Pacto de la Justicia tras la sustitución de Villarejo y Bermejo, una actuación que consideró "intolerable".
El PSOE acusó entonces al Gobierno del PP de "parcialidad abusiva en la utilización de los resortes del Estado de derecho, la ocupación sin ambages del ministerio fiscal y la presión sobre el poder judicial".
Unos meses después, el PSOE presentó su programa electoral sobre justicia, en el que planteó una reforma a fondo del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, que establecía un mandato único del fiscal general del Estado de cinco años, no renovable, con causas de cese tasadas y objetivadas. Asimismo, la propuesta socialista defendía el establecimiento de una comparecencia en el Congreso del candidato a fiscal general previa a su nombramiento y un sistema que permitiera el adecuado control parlamentario de sus decisiones. El fiscal general del Estado tendría incompatibilidad para intervenir o tomar decisiones en relación con materias que afecten al Gobierno que lo ha nombrado. En su lugar actuaría el fiscal jefe correspondiente, oída la Junta de Fiscales de sala.
De aquella reforma, el Gobierno todavía no ha anunciado cuándo comenzará a redactarla y cuándo la aprobará en Consejo de Ministros para su tramitación en el Congreso.
