La juez decreta la libertad de los guardias de Roquetas aunque aprecia indicios de delito

El teniente José Manuel R., siete agentes y un alumno de la Guardia Civil, imputados por la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de Roquetas de Mar (Almería) el pasado 24 de julio, seguirán en libertad con cargos. La juez Estefanía López rechazó la prisión preventiva pedida por el fiscal para el teniente y uno de los guardias alegando que aún no está establecida de forma contundente "la relación causal" entre su conducta y la muerte del detenido, aunque puede "inferirse" una "extralimitación en sus funciones" y "una actividad presuntamente delictiva".

La juez desestimó la petición de la fiscalía, que reclamó el ingreso en prisión preventiva del oficial y de uno de los guardias, a quienes imputó los delitos de homicidio por imprudencia, trato inhumano y degradante cometido por funcionario público y extralimitación en sus funciones.

En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar señala que la prisión provisional, solicitada por la fiscalía y la acusación particular, no persigue que el encausado "abone por adelantado la pena que pueda imponérsele" si resulta condenado, "ni mucho menos satisfacer las exigencias de la opinión pública".

La alarma social, que fue uno de los argumentos esgrimidos por el abogado José Ramón Cantalejo, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, para pedir el ingreso en prisión del teniente, también fue rechazada por la juez. A su juicio, el escándalo público no constituye motivo suficiente para fundamentar una medida cautelar de tal envergadura "ni [para] nublar la perspectiva de la actuación judicial".

Lo fundamental, no obstante, de la decisión judicial figura en el apartado segundo, en el que la juez señala que "no puede afirmarse contundentemente la relación causal entre la actuación de los imputados y el fallecimiento del detenido" en el actual momento de la investigación, que se encuentra a la espera de los resultados forenses definitivos para conocer las "concausas" de la muerte de Martínez Galdeano.

Presuntamente delictiva

La juez reconoce, no obstante, que del material gráfico (el vídeo grabado por las cámaras de seguridad perimetral del cuartel) y de las declaraciones de los nueve imputados puede "inferirse la presencia de una extralimitación en sus funciones y de una actividad presuntamente delictiva", por lo que no se levanta a los agentes la condición de imputados.

Para justificar la no adopción de medidas cautelares, como el ingreso en prisión que reclamó la fiscalía, la juez alega la inexistencia de riesgo de que el teniente José Manuel R. y el guardia J. A. M. F. se sustraigan a la acción de la justicia y la imposibilidad de que se produzca "una reiteración delictiva" o de que puedan alterar o destruir pruebas, teniendo en cuenta que están suspendidos de sus funciones.

La actuación del Ministerio Público sorprendió desde primera hora de la mañana, cuando el fiscal jefe de la Audiencia de Almería, Juan Manuel de Oña, acudió al juzgado para tomar las riendas del interrogatorio al teniente y a otros dos guardias.

A media tarde, los seis imputados restantes, que ya habían prestado declaración la semana pasada, fueron citados por la juez. Al término de esta comparencia, la fiscalía pidió el ingreso en prisión del teniente y del guardia J. A. M. F., quienes se habrían significado de los demás agentes en la utilización de medios agresivos y violentos para reducir al detenido, así como en la "posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones", según explicó De Oña.

En opinión de la fiscalía, se produjo un delito de trato degradante por parte un funcionario público, así como varios delitos de lesiones y un homicidio por imprudencia. De Oña negó que se hubiera registrado un "endurecimiento" de las tesis del Ministerio Público. "Hasta este momento no había adoptado ninguna postura de ningún tipo", alegó.

El abogado de los guardias, Gustavo Arduán, mostró su satisfacción por la decisión judicial, aunque no ocultó su indignación con la posición del ministro del Interior, José Antonio Alonso. "Debería dimitir", afirmó.

La acusación particular adelantó ayer que recurrirá la libertad sin fianza de los imputados.

Medio centenar de vecinos recibieron la salida de los nueve guardias del juzgado con gritos de "asesinos". Varias dotaciones de Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (se desplazaron 50 agentes a Roquetas) protegieron a sus compañeros para evitar que las cámaras captasen su imagen. Los vecinos corearon sus gritos hasta llegar al cuartel y luego se disolvieron sin incidentes.