"Un pacto con el diablo"
"Las conclusiones no deben sorprender a nadie", dijo ayer el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, al presentar las suyas después de 18 meses de investigación del escándalo para la que contó con un presupuesto próximo a los 35 millones de dólares (28,1 millones de euros). El mandato que le dio el Consejo de Seguridad en abril de 2004 era claro: determinar el alcance de la mala gestión y de la corrupción dentro y fuera de las paredes de la ONU.
"Hemos encontrado las dos", precisó. La conclusión general es simple: la falta de autoridad y de vigilancia tanto por parte del Consejo de Seguridad como del Secretariado General permitieron que el régimen de Sadam Husein utilizara la generosidad de la comunidad internacional para reforzar su autoridad.
Esto permitió comportamientos ilícitos por parte de los contratistas que operaron bajo el programa humanitario y de algunos funcionarios de la ONU. El informe revela que el régimen de Sadam se benefició de hasta 10.200 millones de dólares entre 1997 y 2003, años durante los que estuvo operativo el programa. De ellos, 229 millones provenían de sobrecargos aplicados a las exportaciones de crudo, 8.400 millones al contrabando de petróleo y 1.560 millones a ingresos ilegales obtenidos por los envíos de alimentos, medicinas y otros suministros que recibía el régimen. Sadam se apropió de 2.600 millones antes de que entrara en vigor el programa humanitario.
"No hay que olvidar que Sadam Husein fue el principal culpable de la saga y que corrompió el programa en su beneficio personal", precisó el representante británico, Emyr Jones Parry, aunque reconoció que el "imperativo humanitario" obligó al Consejo de Seguridad y al Secretariado de la ONU a "alcanzar acuerdos poco satisfactorios" con el régimen para asegurarse de que la ayuda llegaba a la población iraquí, afectada por las consecuencias del embargo. Es lo que denominó Paul Volcker como "un pacto con el diablo".
En el marco del programa se movilizaron 64.000 millones de dólares en petróleo y 39.000 millones en alimentos. Pero el informe señala que la mayor parte del fraude se produjo fuera de la ONU, entre las 4.500 empresas privadas que recibieron contratos. Un detalle que puso en evidencia el propio Kofi Annan y sobre el que Paul Volcker presentará un informe en octubre.
