De los tránsfugas y sus cómplices
Los tránsfugas son los violadores de la democracia. La mancillan al convertirla en objeto de sus trampas, por muy legales que sean éstas. Estafan a los ciudadanos al manipular, al margen de las urnas, los resultados de las elecciones. Merecen desprecio y no cabe justificante alguno que ampare su conducta.
Desconozco los argumentos jurídicos exactos que utilizó en su momento un juez del Tribunal Supremo para dictaminar que un cargo electo es propietario de su acta, ya sea ésta de diputado estatal, autonómico, o de concejal. Debieron de ser enjundiosos, aunque nada convincentes. A veces los jueces también se equivocan, como cualquier mortal, y una sentencia que va en contra de la lógica del sentido común será siempre discutible, cuando no perversa, como estamos hartos de comprobar en este caso. O pudiera estar basada en leyes defectuosas que encajan de forma chirriante en la estructura de nuestro sistema electoral de partidos y, por tanto, mejorables. En España el elector no puede votar a un diputado o concejal en particular, sino a una lista cerrada presentada por un partido político. El señor Francisco Javier Tomás, el último tránsfuga por estos pagos, conocido hasta ahora sólo en su pueblo, y mejor que hubiera continuado así, ¿a santo de qué sería diputado si no hubiera formado parte de la lista del PP? En estas circunstancias, si desea abandonar el PP, la única opción legítima pasa por la dimisión, porque es la que respeta los resultados electorales, un argumento que debería prevalecer sobre cualquier otro.
Llevamos más de 25 años de democracia y el fenómeno del transfuguismo que ha salpicado a casi todos los partidos, muestra una peligrosa vocación de permanencia. Resulta incomprensible que todavía no se haya presentado una iniciativa legislativa en el Parlamento para eliminar la posibilidad de que un cargo electo pueda pasar de un partido a otro, o al grupo mixto, con una legislatura en marcha y con todos sus derechos, privilegios y honores intactos, e incluso, para mayor disparate, con los económicos incrementados. Da vergüenza. La existencia de un tránsfuga siempre provoca perjuicios para un partido y beneficios, directos o indirectos, para otros. ¿Es ésta la causa de la nula voluntad para ponerse de acuerdo en una operación necesaria de higiene democrática?
Estos días vemos cómo a los miembros del PP se le llena la boca de vituperios contra el mencionado Francisco Javier Tomás y se disponen a tratarlo como a un apestado. Les asiste la razón. Pero no olvidemos lo bien que le vino a Zaplana la tránsfuga Maruja Sánchez en Benidorm, bien remunerada por cierto, genuina madrina política de su posterior irresistible carrera. Maruja Sánchez traicionó al PSOE y propició que Zaplana se alzara con la alcaldía de su pueblo, trampolín para la Presidencia de la Generalitat y, sucesivamente, para un ministerio en el Gobierno de la nación, la portavocía del mismo y la de su grupo parlamentario. Ni tampoco olvidemos el escándalo de José Tamayo y María Teresa Sáez, auténticos pivotes sobre los que Esperanza Aguirre se apoyó para apropiarse de la presidencia de la Comunidad de Madrid. En este caso, el comportamiento desleal o corrupto de dos diputados obligó a repetir las elecciones autonómicas y, como consecuencia, cambió de manos el poder político. Aquello, tan esperpéntico, provocó ríos de tinta en los periódicos, un sinfín de tertulias radiofónicas y comentarios en televisión. Puso en evidencia la fragilidad y las imperfecciones de la estructura jurídica que sustenta nuestra democracia, pues bastó la voluntad de sólo dos personas para burlarla. Incitaba a pensar que su fortalecimiento pasaría a constituirse en tarea prioritaria. Ha pasado el tiempo, no mucho, el asunto ha dejado de ser noticia y nada ha cambiado, ni se vislumbra movimiento en ese sentido. El escándalo puede volver a repetirse, incluso con menos intensidad, pues el ciudadano es capaz de habituarse a todo.
Ahora, en las Cortes Valencianas la voz de un partido de extrema derecha y parafacista, según el presidente Camps, e ilegítima, pues no se presentó a las elecciones, podrá oírse. Esto es grave. Los ex compañeros de Francisco Javier Tomás se han apresurado a modificar el reglamento por vía de urgencia para impedir que obtenga más dinero y poder con el cambio. Tiene la pinta de una reacción vengativa, producto de rabieta, y a la par defensiva, para desalentar posibles imitadores. Ya ven, han puesto un parche y han tomado medidas de cara a la galería. Mejor harían en sentarse los partidos democráticos y atajar la raíz del problema, promoviendo los cambios legislativos necesarios, en el Congreso de los Diputados si hace falta, para imposibilitar la aparición de próximos tránsfugas. Mientras tanto, la indignación que manifiestan se juzgará oportunista. La dejadez de quienes sí pueden cambiar las cosas, los convierte en cómplices. No extraña que el número de decepcionados vaya en aumento.
María García-Lliberós es escritora.
