Pensiones impagadas
La creación de un fondo estatal que garantice el pago de las pensiones debidas por los ex esposos a sus hijos se erige de nuevo en una solución ineludible para paliar la situación de desamparo en la que quedan los miembros de la familia económicamente menos potentes tras una ruptura matrimonial. La medida ha venido siendo motivo de disputa entre el PP y el PSOE, que han coincidido en reclamarla desde la oposición y en no ponerla en marcha desde el Gobierno.
La penalización de esta conducta y el incremento del tiempo de prisión y de la cuantía de la multa con los que se castiga no han resultado disuasorios, entre otras razones porque para la persecución judicial de este delito se exige denuncia previa de las personas agraviadas; a las que, por regla general, no les importa tanto que su familiar sea condenado a pena de cárcel o a pagar al Estado como recibir la pensión debida. De ahí que la creación de un fondo estatal resuelva el problema más acuciante, la percepción de la pensión por sus acreedores, especialmente los hijos, contando con la fortaleza del poder público para obligar al infractor a reembolsar el importe.
El programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones promete la creación de ese fondo, "mediante el cual el Estado garantizará, a través de un sistema de anticipos, el pago de alimentos reconocido a favor de hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial". Y dos leyes aprobadas en esta legislatura, la que reforma el divorcio y la Ley Integral contra la Violencia de Género, que llevan más de un año en vigor, confirman el compromiso del Estado de garantizar el pago de las pensiones debidas a "los hijos e hijas menores de edad".
Tales promesas electorales y legislativas requieren un definitivo cumplimiento. Pero una vez cumplido su principal cometido, la existencia del fondo estatal no debe significar echar sobre los hombros públicos obligaciones que corresponden a los particulares. Si los delitos de impago de pensiones a hijos y ex cónyuges han aumentado un 110% entre 1994 y 2004, según datos de la Fiscalía General del Estado, la garantía de que papá Estado anticipará, en caso de impago, los importes debidos a los hijos menores no debe conducir a la impunidad de los infractores. El Estado deberá ejercer sobre el patrimonio de éstos todo su derecho a recuperar las cantidades adeudadas, pero ya en poder de sus destinatarios.
