El Gobierno irá al Congreso a informar sobre el urbanismo

La iniciativa es del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, pero el Gobierno recoge el guante. Llamazares considera acuciante que el fenómeno de la corrupción urbanística en particular, y de la situación de la construcción y el urbanismo en España, llegue a sede parlamentaria tras la explosión de irregularidades e ilegalidades que saltan a la luz pública. Así lo planteó ayer en la Junta de Portavoces del Congreso, en la que sugirió que se creara una comisión de estudio en la que se aborden, además, posibles cambios legales.

Todavía no hay una decisión tomada, pero el Grupo Parlamentario Socialista ha trasladado de inmediato la petición al Gobierno. La creación de esa comisión de estudio, para un plazo no superior a dos meses, se ve con buenos ojos en el ámbito socialista y, desde luego, se da por supuesto que "un miembro del Gobierno" comparecerá en el Congreso para hablar de la situación del urbanismo en España.

En principio no será la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, señalan fuentes de la dirección del Grupo Socialista. Pero las bases de la comparecencia y de esa posible comisión de estudio tienen que estar muy tasadas, afirma el PSOE, toda vez que el grupo mayoritario de la Cámara no desea en absoluto que ese foro se convierta en otro nuevo campo de batalla.

Menos agresividad

No obstante, después de que ayer irrumpiera el caso del municipio canario de Telde, con la detención del alcalde y de cuatro ediles, todos del PP, por presunto cobro de comisiones, en el PSOE se confía en que "cese la agresividad" de la dirección nacional de los populares contra el PSOE. El caso del municipio madrileño de Ciempozuelos, cuyo alcalde y ex alcalde, del PSOE, han sido encarcelados, sirve a la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, para atacar duramente el PSM y a su líder, Rafael Simancas.

El cambio de actitud del PP lo espera el responsable municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, que recordó ayer la actuación de su partido cuando las presuntas irregularidades o ilegalidades les afectan, aunque sólo sea en fase de "sospecha": su separación de la militancia y la exigencia de que dimitan. En esta línea también se manifestó el responsable institucional y autonómico del PSOE, Alfonso Perales. "El PP les expulsa cuando se los llevan detenidos; bien, cada uno tiene su forma de actuar", afirmó. No obstante, el PSOE confía en que la Ley del Suelo, presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, cambie el panorama urbanístico.