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El proceso para el fin del terrorismo

El proceso de paz divide a Batasuna y desgasta el liderazgo de Otegi

Las declaraciones con tinte alarmista que los dirigentes de Batasuna están lanzando -el proceso es "inviable", ha sido la última- reflejan la tensión del momento que vive esta formación mientras aguanta el órdago de exigir al Gobierno su legalización sin ajustarse a la Ley de Partidos. Las divisiones sobre el tiempo que esta situación puede durar y la desconfianza en cómo se está gestionando el proceso ya han hecho mella en la dirección abertzale que, además, culpa a los socialistas y al PNV de Imaz por defender que ETA abandone la violencia antes de iniciar la negociación política.

Fuentes de la izquierda abertzale aseguran que entre la dirección y las bases de Batasuna había habido hasta ahora "unanimidad" sobre la conveniencia del proceso de paz iniciado con la declaración del alto al fuego. Pero, en el transcurso de los meses, se ha instalado en sus dirigentes la desconfianza, las tensiones internas se han hecho patentes, y en la actualidad están divididos sobre una cuestión tan relevante como cuánto tiempo puede mantenerse el proceso así -"estancado" y hasta "muerto", dicen- si no avanza la situación. Todos ellos coinciden, sin embargo, en que el movimiento para de-satascarlo tiene que ver más con la legalización de Batasuna que con el foro de partidos, y consideran que a quien corresponde mover ficha es al Gobierno socialista.

"O esto se mueve o lo paramos", amenazaron en mayo los 'abertzales' a los socialistas
El líder 'abertzale' afronta las críticas de muchos de sus compañeros, que le reprochan que desde la tregua no hayan obtenido "nada tangible" Batasuna deja claro que su legalización no pasa por acatar la Ley de Partidos ni por registrarse como una formación política con otro nombre
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El principal defensor de mantener la situación sin que nada se rompa pese a las tensiones que genera, es Arnaldo Otegi. Él, además, está haciendo frente a las críticas impacientes que hay y que se han expresado internamente en su contra: sus compañeros le reprochan que durante el tiempo transcurrido en situación de tregua no se haya obtenido "nada tangible".

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Creen que ni en materia penitenciaria se han modificado las condiciones de los presos, ni en lo político Batasuna ha logrado poder actuar como una formación política al menos consentida y no judicialmente controlada, con capacidad de representación pública, de convocar manifestaciones o planear abiertamente sus listas para las elecciones.

La sensación de que, desde la declaración de tregua, la izquierda abertzale no ha sido correspondida con un trato proporcionado a la importante decisión de ETA, ha contribuido a interiorizar en sus bases, siempre desconfiadas y proclives al victimismo, el sentimiento de haber sido engañados casi desde los comienzos mismos del proceso. Y esto está alimentando ahora las críticas contra la gestión interna.

La tensión sobre los ritmos del proceso se manifestó en realidad muy pronto ante el hecho de que la tregua no hubiera tenido contrapartidas inmediatas para la izquierda abertzale. Ya en el mes de mayo los sectores más impacientes, los implicados en los múltiples procedimientos judiciales contra el movimiento radical, denunciaron que la situación del proceso era de "colapso" y lanzaron un órdago interno que fue el primer aviso de desestabilización. En respuesta a lo que consideraban una "presión intolerable" derivada, entre otras muchas razones, de las actuaciones de la Audiencia Nacional -a raíz de que el juez Grande Marlaska hubiera ratificado en enero la ilegalización de Batasuna- se produjo un amago de rebelión.

"O esto se mueve o lo paramos", fue el órdago que lanzaron a finales de mayo a los socialistas al anunciarles que la mesa nacional y todos los cargos electos de Batasuna iban a protagonizar un encierro en el simbólico monasterio de Aranzazu. Estaban dispuestos a provocar así su detención y con ello el escándalo consiguiente que podía llevar al traste el proceso en marcha. Esta primera crisis se salvó in extremis al anunciar Patxi López el 31 de mayo su disposición a reunirse con Batasuna que a su vez celebró oficialmente su "reconocimiento como interlocutora política". El desbloqueo que supuso este movimiento se vio reafirmado por la declaración institucional de Rodríguez Zapatero el 29 de junio anunciando el futuro diálogo con la banda. Mientras el cónclave entre el PSE y Batasuna se celebró el 7 de julio en un hotel de San Sebastián. La foto de ese encuentro valió a Otegi y sus compañeros el primer respiro en las tensiones.

Pero duró bien poco. Una semana después, el 12 de julio, el diario abertzale Gara, irrumpía con la denuncia de que el Gobierno socialista estaba incumpliendo los "compromisos" adoptados con ETA por el alto al fuego. Entre ellos, decía, la legalización "de facto" de Batasuna para hacer política, o la ralentización de las detenciones y de los procedimientos judiciales ya iniciados, derivados del macro proceso del sumario 18/98. La gravedad de lo dicho y el medio en que se afirmaba obligó a desmentirla al propio Otegi. "No me consta", declaró, "la existencia de estos compromisos". Este episodio constituye el principal momento de crisis interna que vive la izquierda abertzale sobre el modo de enfocar el proceso. Días antes, Otegi había declarado públicamente "importantísima" la declaración de Rodríguez Zapatero, pero enseguida fue criticado con acidez por sus compañeros por su excesivo optimismo y su "entreguismo", a la vista de las matizaciones posteriores que se hacen de la declaración. Batasuna deja ya claro que su legalización no pasa por acatar la ley de Partidos. Ninguna de las opciones que baraja para poder presentarse contempla "pasar por el aro" y registrarse en la ventanilla de Interior como una nueva formación (por ejemplo, Batasuna Berria [Nueva Batasuna).

'Pueden rodar cabezas'

La cuestión ahora consiste en cuánto tiempo puede Batasuna aguantar sin que el proceso se desbarate. Las fuentes consultadas destacan que el proceso iniciado en marzo con el alto el fuego de ETA es el que mayor adhesión interna ha concitado en la historia de la izquierda abertzale, muy por encima de los apoyos que disfrutaron las treguas de 1989, que abrió la negociación de Argel, o la de 1998 como consecuencia del pacto de Lizarra. Por eso consideran que, si en esta ocasión la negociación se rompe, "tienen que rodar cabezas", una consecuencia que no se había producido anteriormente. "Si se tuerce esta vez el proceso, los replanteamientos que ello va a traer consigo no serán únicamente de posiciones políticas, sino de personas tanto en Batasuna como en ETA", añaden.

La "unanimidad" sin precedentes que se registró en la izquierda abertzale para poner en marcha la nueva negociación ya no es tal. Hoy la responsabilidad recae en el comité ejecutivo integrado por seis componentes: Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena y Xabier Larralde, este último coordinador de Batasuna en Francia.

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