El fiscal propone 40 millones de fianza al alcalde de Andratx pero el juez lo rechaza
El juez que instruye las diligencias penales del escándalo balear de presunta corrupción urbanística, el caso Andratx, ha rechazado la petición de la fiscalía para que el ex alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, deposite una fianza de 39,9 millones de euros para afrontar sus posibles responsabilidades civiles. La fiscalía ha calculado el supuesto coste que supondría el pago de indemnizaciones a propietarios ante el eventual derribo de inmuebles levantados gracias a licencias ilegales en terrenos protegidos. Los bienes embargados al ex alcalde deberían servir, entiende el ministerio público, para sufragar las demoliciones y la restitución del paisaje.
El fiscal solicita que se asegure este fondo para resarcir a los ciudadanos que son ajenos a la trama de supuesta corrupción y que posiblemente podrían quedarse sin sus casas, levantadas con permisos otorgados por el ex alcalde.
De confirmarse en juicio las acusaciones de ilegalidad, éstas alcanzarían a más de medio centenar de obras de edificios colectivos y aislados. El juez descarta que sea el momento de constituir la voluminosa fianza, pero abre una pieza separada de la causa penal para ponderar la constitución del futuro fondo económico de posibles indemnizaciones.
Hidalgo, según la tesis del fiscal, ganó 1,8 millones por operaciones inmobiliarias que efectuó asociado con promotores. Anticorrupción calcula que el ex alcalde percibió 1,1 millones en cohechos. El resto de la partida evaluada, 39 millones, corresponde a las supuestas ilegalidades en licencias, permisos y falsedades en certificados de suelo para convertir zonas protegidas en urbanas o en rústico edificable.
En una de las licencias en zona no edificable del Port d'Andratx, la de las 150 viviendas de Monport, la fiscalía calcula que, de derribarse, serán necesarios 10 millones de euros para la demolición y los pagos a los perjudicados.
Detenciones
El caso Andratx estalló el 27 de noviembre con la detención del alcalde Hidalgo, el que era director general de Ordenación del territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, y el celador municipal y socio del edil, Jaume Gibert. Hidalgo fue expulsado del PP y pasó 17 días privado de libertad, al igual que Gibert. Massot fue destituido del gobierno local y está imputado sin cargos específicos.
El ya ex alcalde y el funcionario compraban terrenos, se asociaron con promotores, con el asesor jurídico y una arquitecta y se adjudicaban licencias para sus promociones, según la fiscalía. Ambos están imputados por los supuestos delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, contra la ordenación territorial y prevaricación, asociación ilícita, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo.
La Diputación Permanente del Parlamento balear, con mayoría absoluta del PP, rechazó ayer la constitución de una comisión de investigación para analizar la actuación del imputado y ex director general Jaume Massot en el Gobierno autónomo.
