La Corte Penal Internacional formula las primeras acusaciones por la masacre de Darfur

Un político sudanés en el poder y un miliciano se han convertido en los dos primeros acusados por la Corte Penal Internacional (CPI) de 51 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la región sudanesa de Darfur entre 2003 y 2004. El primero, Ahmed Harun, fue viceministro de Interior y ostenta hoy el cargo de ministro de Política Humanitaria en el Gobierno de Jartum. El otro es Alí Mohamed Alí Andel Rahman, alias Alí Kushayb, uno de los líderes de la milicia progubernamental islámica yanyauid. El Gobierno sudanés asegura que la Corte no es competente para juzgarlos.

Según el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, "ambos colaboraron para atacar a la población civil" en un conflicto que se ha cobrado 200.000 muertos y supera los dos millones de refugiados. Los jueces de la Corte decidirán si ratifican los cargos y empieza el juicio formal.

La decisión judicial puede tardar semanas en llegar, pero el Gobierno de Sudán ha preferido no esperar y ayer mismo rechazó los cargos asegurando que los acusados no están involucrados en los crímenes descritos.

Es más, según recalcó Mohamed Alí al-Mardi, ministro de Justicia, "todas las pruebas recabadas por la CPI, que carece de jurisdicción para juzgarles, son mentiras vertidas por individuos que luchan contra el Estado y la población. No pensamos entregarlos". Efectuada poco después de la comparecencia formal de Moreno Ocampo, esta declaración representa un reto que el fiscal espera contrarrestar de dos maneras. Por un lado, con la advertencia de que "los responsables de estos crímenes no quedarán impunes". La otra baza del jurista es un extenso sumario de 94 páginas, con numerosos ejemplos de la participación de los acusados en el reclutamiento y comisión de atrocidades.

"Tenemos declaraciones de testigos que aseguran haberle oído decir a Ahmed Harun que le había sido otorgado todo el poder y autoridad para matar o perdonar a cualquiera, en la búsqueda de paz y seguridad", dijo el fiscal.

En su calidad de viceministro de Interior durante el periodo investigado, Harun habría financiado "sin límite y sin hacer públicas las cuentas a la milicia yanyauid, además de haberle servido en persona armas y municiones".

En cuanto al comandante de la milicia yanyauid, Alí Kushayb, fue visto "inspeccionando a un grupo de mujeres desnudas antes de que fueran violadas por hombres uniformados". También participó en ejecuciones sumarias, "una de ellas saldada con 32 muertos". Los ataques propiciados o protagonizados por ambos y por los milicianos "no iban dirigidos contra los rebeldes, sino contra la población, aduciendo que ésta apoyaba a los insurgentes. Así justificaban los asesinatos en masa, ejecuciones sumarias y la violación de civiles ajenos a cualquier conflicto armado", señaló Moreno Ocampo. Según fuentes oficiales sudanesas, Harun se encuentra en Jordania sometido a una revisión médica, pero regresará a Jartum en breve. Alí Kushayb permanece detenido en su país desde el pasado noviembre y está siendo investigado por lo ocurrido en la provincia.

Situada al oeste de Sudán, Darfur significa "tierra de los Fur", una de las comunidades de etnia africana que la pueblan. Durante años hubo tensiones por el uso de la tierra entre las tribus árabes y nómadas y los campesinos de etnia Fur, Massalit y Zagawa.

Para el extranjero que se adentre en Darfur, distinguir a simple vista entre un yanyauid y un sudanés de etnia africana es complicado. Ambos pueden tener la piel muy negra, aunque el árabe la suele tener más clara. Pero hay un rasgo inconfundible: la nariz del yanyauid es aguileña y la de los miembros de las tribus africanas, achatadas.

En 2003 la situación se deterioró, desembocando en una revuelta -que acabó en guerra civil- contra el Gobierno, acusado de discriminar a los africanos negros en favor de los de origen árabe. En junio de 2005, la CPI, el primer tribunal de carácter permanente creado para perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, admitió a trámite la denuncia de la ONU sobre los presuntos crímenes cometidos en la zona.

La CPI cuenta con el respaldo de un centenar de países, pero tiene en contra a Estados Unidos, temeroso de que sus tropas o ciudadanos puedan ser procesados por motivos políticos. Con Darfur, de todos modos, Washington se abstuvo de imponer su veto en el Consejo de Seguridad cuando el caso fue remitido a La Haya.